El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, ordenó hoy la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Bases de Datos que facilitará el acceso a los archivos, registros, bancos o bases de datos para quienes deseen ejercer el derecho constitucional de actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales. En ese sentido, Rosatti firmó un convenio con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que propuso colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en esta iniciativa, en el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera.
El Registro pondrá a disposición de las personas la posibilidad de constatar qué bases pueden tener sus datos, cuál es su ubicación y quién es el responsable. De esa manera se podrá rectificar, suprimir, aumentar la confidencialidad, impedir manejos inescrupulosos y comercio de los datos, así como establecer los medios de protección para que particualres y empresas ejerzan sus derechos.
Asimismo servirá para registrar de manera orgánica todo lo relativo a las empresas que brindan informes crediticios, y asegurar los derechos de corrección de informes erróneos de manera eficaz.
Según nuestra ley, para que el tratamiento de datos personales sea lícito, lo cual pocas veces sucede, el titular debe ser informado sobre quiénes los están recolectando y qué destino se les dará. Sólo así puede prestar su consentimiento en forma válida.
El procesamiento de datos financieros, de salud o empleo, se presenta dentro de una alta vulnerabilidad y lo que en un principio se entendió como una mejora, la introducción del sistema informático, se constituyó luego en una amenaza.
Por medio de la Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos, Rosatti instruyó a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a cargo de Juan Carlos Travieso, arbitrar las medidas tendientes para la puesta en marcha del registro. “La protección de datos reviste importancia en todos los países del mundo y representa una política de Estado”, aseguró el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es un organismo único en América Latina y constituye la autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.326, la cual dispone en su artículo 21 que todo archivo, registro, base o banco de datos deberá inscribirse en el Registro que a tal fin se habilite.
Dicha ley también prevé un tratamiento de protección especial para los llamados datos sensibles, y previsiones especiales para los datos crediticios y aquellos recabados con fines publicitarios.
Previamente, durante 2004, aquellos archivos, registros, bases o bancos de datos privados con información de carácter personal relacionada con personas físicas o jurídicas, debieron ser inscriptos en el Primer Censo Nacional de Bases de Datos Privadas creado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. El censo fue a través de un formulario online accesible a través de la página web del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
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