Comenzaron los descargos de los consejeros porteños

Tal como lo habían adelantado a este medio las defensas de los dos consejeros citados para este martes, la ronda de descargos en la Comisión Investigadora de la Legislatura arrancó con una ausencia y un solo presente.

El que acudió a la cita fue Diego May Zubiría, uno de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El consejero leyó sus antecedentes curriculares y respondió las preguntas de los diputados, que lo interrogaron durante más de tres horas.

Una día antes la defensa de May Zubiría, representada por el abogado Eduardo Barcesat, le anticipó a Diariojudicial.comque la Comisión había rechazado su pedido de nulidad de toda la acusación, razón por la cual se presentará ante el Tribunal Superior de la Ciudad mediante un recurso de inconstitucionalidad. Para ello existe una plazo de diez días. De esta forma, el tribunal será el encargado de dirimir en estas cuestiones y funcionará como una suerte de contralor del proceso político. El mismo camino podrían transitar el resto de las defensas.

El abogado de May Zubiría dejó en la Legislatura un informe completo con la actuación de su pupilo dentro del Consejo durante 2003 y 2004 y un escrito donde se fundamentan los adicionales del sueldo que percibía el consejero. No obstante, Barcesat opinó ante este medio que “el proceso es un absurdo” y que “hay mala fe procesal”. “Son muy torpes porque se lo emplaza a mi defendido a hacer su defensa sin decirle de qué se lo acusa”, agregó.

Quien no acudió a la cita del martes fue la consejera Magdalena Iráizoz. Su abogado, José Miguel Onaindia explicó los motivos. “Este lunes presentamos un descargo en la Legislatura donde se plantearon tres nulidades, la caducidad del proceso y se pidió la suspensión de la audiencia”, manifestó.

Con respecto a las nulidades, las mismas apuntarían a la votación en la que se aprobó el comienzo del proceso, y a la mayorías requeridas en ese momento; al carácter colectivo de la acusación; y a la falta de publicación del reglamento interno de la Comisión Investigadora, que fue aprobado el 22 de noviembre de 2004.

Con respecto a la caducidad del proceso, el abogado de Iráizoz sostuvo que “el término que tenía la Comisión para emitir un dictamen expiró el 11 de abril y nunca lo prorrogaron”. Además le adelantó a Diariojudicial.com que si son rechazados los planteos el camino a seguir podría apuntar también al Tribunal Superior de Justicia. “Ninguno de los cargos tiene la entidad del mal desempeño”, reiteró Onaindia.

Los testimonios continuarán este jueves, con la presencia (aún no hay nada confirmado) de Bettina Castorino y María Celia Marsilli, y el 31 de este mes, cuando sea el turno de Carlos Rosenfeld y Juan De Stéfano.

La defensa de Castorino, comandada por Julio César Strassera, también hizo una presentación este lunes ante la Legislatura. Los abogados pidieron la nulidad del juicio político que se le sigue a su defendida. “El reglamento, mediante el cual se pretende regular el juicio político en mi contra, no es válido porque no fue sancionado mediante una ley dictada por la Legislatura y promulgada por el jefe de gobierno local, tal como lo exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sino que fue dictado únicamente por la Sala Acusadora del citado cuerpo legislativo”, dice el escrito en uno de sus párrafos sustanciales.

Además, los abogados de la ex presidente del Consejo destacaron ciertos vicios en la votación mediante la cual se inició el proceso, en el recinto de la Legislatura, y en los cargos por los que se la acusa. “La notificación hecha por la Sala Acusadora de los cargos en mi contra no describe, en forma precisa, los hechos que constituirían el “mal desempeño” imputado a la suscripta y tampoco señala en absoluto cuáles serían las pruebas de cargo que fundarían esa imputación. Ello resulta violatorio del derecho a una acusación y a tener el tiempo y los medios adecuados para realizar su defensa”, subraya el escrito.

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