Funda su sospecha en la relación matrimonial que une a una de las asesoras del consejero, Susana Villegas, y el abogado de una de las querellas de la causa AMIA, Pablo Jacoby. En su escrito Galeano hace especial hincapié en los “importantísimos intereses económicos que revisten para quienes son representados por el Dr. Pablo Jacoby y el Dr. Luis Zuppi, los reclamos patrimoniales realizados contra el Estado argentino por las supuestas irregularidades que habrían existido durante la investigación del atentado terrorista a la sede de la AMIA.”
Remarca que el reconocimiento formulado por el Estado argentino por el caso AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “... formalizado en marzo de este año, dará pie a demandas internacionales en reclamo de indemnizaciones que, probablemente, obliguen al país a pagar no menos de 300 millones de dólares en concepto de resarcimientos a los familiares de las víctimas y a los abogados patrocinantes. Las causas iniciadas en 1994 reclaman 1.800.000 dólares por cada muerto...” .
Para el juez suspendido, resulta claro el interés particular que posee tanto Jacoby como su mujer, Susana Villegas -asesora de Szmuckler- respecto a lo que acontezca en su juicio político. De allí el interés que tendrían nombrados en poder demostrar un improcedente obrar jurisdiccional por su parte.