La mujer se llama Mabel Marchisio tiene 57 años, vive con su marido y su hermano en su vivienda única de Gorostiaga y Avenida Cabildo y que este viernes a las 8:15 horas será rematada ya que no pudo hacer frente al esfuerzo compartido fallado por el juzgado civil de primera instancia Nº 53 y confirmado por la Sala C de la Cámara.
Los abogados de ADA, Mario Díaz y Gladys de Ferro, le contaron a DiarioJudicial.com que acudieron a Carmen Argibay porque creían que en ella iban a poder encontrar la tercera firma, tendría dos pero se desconoce de quienes, que necesitan para que el expediente pase a la Corte y así suspender el remate. Pero dos asesores de Argibay les dijeron que la jueza no iba a recibirlos, según desde ADA le contaron a este medio que intentó hablar con alguien de la vocalía de Argibay pero informaron que no iban a poder hacerlo.
“Estoy frente al despacho de Argibay ya nos dijo que no nos va hablar” le dijo Marchisio a DiarioJudicial.com, con quien habló telefónicamente, y que esta encadenada en el 4º piso de Tribunales desde las 12:45 y piensa quedarse hasta que consiga una respuesta favorable a su pedido. Al cierre de esta edición Marchisio seguía en Tribunales.. “Alguien tiene que dar la cara. El gobierno tiene que dar una solución tanto a los deudores como a los acreedores. Así se termina la agonía y el sufrimiento nuestro” afirmó Marchisio sumamente nerviosa y emocionada.
La mujer sacó un crédito de 30.000 dólares en una escribanía durante la época del 1 a 1. Pero la devaluación del 2002 triplicó su deuda y ante la imposibilidad de pagar se acogió a las leyes de refinanciación hipotecaria aprobadas en noviembre de 2003 por el Congreso Nacional. Llevaba pagadas 10 cuotas y estaba al día, según contó.
A través de esas leyes los deudores de grupos inversionistas no bancarios, podían presentarse ante el Banco de la Nación Argentina que, como ente fiduciario, tomaría dichos créditos, los pesificaría, y refinanciaría de acuerdo a las posibilidades de ingresos de esas familias y, por otro lado, cancelaría el crédito con el acreedor original.
Pero la justicia civil no aplica la refinanciación. Mayoritariamente falla por esfuerzo compartido: deudor y acreedor se hacen cargo en partes iguales de la diferencia que produjo la devaluación. Aunque en algunos casos la ley de refinanciación es declarada inconstitucional y el deudor debe pagar en dólares o se subasta su vivienda.
En el último mes la Corte ya suspendió dos remates. En ambos casos el máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por los deudores al entender que “podrían prima facie involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la Ley 48”.