“Ha sido una sanción que se realizó de común acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto tenemos la seguridad que va a ser promulgada” le dijo a DiarioJudicial.com Ricardo Gomez Diez, uno de los 52 senadores que aprobaron por unanimidad el proyecto, aunque lo calificó como “una medida de carácter provisorio, en la búsqueda de una solución definitiva”.
La referencia de Gomez Diez al apoyo del Poder Ejecutivo es porque cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto, el 28 de septiembre pasado, los diputados oficialistas no se presentaron a debatir a raíz de la oposición del Gobierno. Inclusive desde la Casa Rosada se dijo que estaban preparando un proyecto con una solución de fondo que reemplazaría lo aprobado por Diputados. Todavía esa iniciativa no llegó al Congreso.
“Se suspenden por el plazo de 120 días todas las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles que cumplieron con los requisitos y por el monto tope de acuerdo a lo establecido en los artículos 2° y 5° de la Ley 25.798” dice el artículo primero de la ley.
Esos requisitos son los que le permitieron a los deudores ingresar a la refinanciación hipotecaria: ser una persona física, haber adquirido con el préstamo privado una vivienda y que esta sea única y familiar.
La situación de remate se da porque la Justicia Civil no aplica la ley de refinanciación sino que mayoritariamente aplica la teoría del esfuerzo compartido: deudor y acreedor se hacen cargo en partes iguales de la diferencia entre el peso y el dólar de mercado libre. Esta situación hace que al deudor también se le dificulte cancelar la deuda y la consecuencia es el remate que ahora queda suspendido por 120 días.
“Hay casos en los cuales no ha funcionado y así se ha suscitado una situación que todavía comprende a un número importante de personas” reconoció Gomez Diez sobre el fidecomiso que no cumplió el objetivo para el que había sido sancionado.
Además de suspender los remates la ley otorga un nuevo plazo también de 120 días para ejercer la opción de ingresar al sistema de refinanciación hpotecaria.
“Por un lado estamos contentos, pero a partir de la semana que viene hay que sacar la ley de fondo.” le dijo a este medio Gladys De Ferro, tesorera de la Asociación de Deudores Argentinos, que asesora a personas en situación de remate y que en los últimos días mantuvieron reuniones con senadores de distintos partidos para aprobar la ley.
Ahora lo que resta es encontrar una solución definitiva al problema. En ese sentido ADA presentó un proyecto en el Senado para que el Estado se haga cargo de la diferencia que surge del esfuerzo compartido. Según cálculos de la Asociación el Estado debería pagar cerca de 246 millones de pesos tomando una cifra de 12.000 deudores a un promedio de deuda de 32.000 pesos.
Una parte importante de éste conflicto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene la llave para abalar o no la pesificación. Mientras en el máximo tribunal las opiniones están divididas y se espera que se ocupen las vacantes para llegar a una solución, ya pararon cuatro remates en el último mes al hacer lugar a los recursos de quejas presentados por los deudores.