24 de Diciembre de 2024
Edición 7118 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/12/2024

"El proceso de juicio político contra los consejeros de la Ciudad tuvo un final infeliz"

Roberto Gallardo
Juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires

 
Diario Judicial.com entrevistó al polémico juez Roberto Gallardo, aquel del subsidio a los cartoneros, de la clausura de la Rural y uno de los jueces que junto a dos colegas más y a un asesor tutelar denunciaron presiones por parte de Poder Ejecutivo porteño. El magistrado, que integra el fuero Contencioso Administrativo y que tiene varios pedidos de juicio político y una denuncia penal en su contra por el contenido de algunas de sus sentencias, explicó los mecanismos de presión supuestamente utilizados por el gobierno de Aníbal Ibarra pero aclaró que “hay una vocación muy clara (por parte de todos los jueces del fuero) de no dar un paso atrás”. Durante este año, los enfrentamientos públicos con el ahora suspendido jefe de Gobierno, se profundizaron más que nunca y hasta se volvieron previsibles: según Gallardo a cada uno de sus fallos le siguió siempre una respuesta del Gobierno. Aunque asegura que no le afectan las descalificaciones mediáticas, porque son “absolutamente faltas de efectividad”, advierte que “es preocupante que el gobierno destine recursos para distribuir este tipo de información”. “Tengo infinidad de pruebas de que hay ciertas cuestiones que fueron distribuidas por usinas del gobierno”, dispara.
Al mismo tiempo, el juez se confiesa “marxista” y no descarta participar en política algún día. “No tenemos un chip, somos personas, tenemos ideología, no tengo por qué esconderla, digo lo que pienso”, explica y, de esta forma, minimiza los ataques hacia su persona por su supuestas “ambiciones políticas”. Respecto al juicio político contra seis de los nueve consejeros de la Ciudad, Gallardo no dudó mucho al contestar: “el proceso tuvo un final infeliz porque los únicos argumentos sólidos fueron los de la investigación”.“Los argumentos de la absolución fueron meramente numéricos”, agregó.

Usted acaba de denunciar presiones por parte del Poder Ejecutivo junto a otros dos jueces y al Asesor Tutelar de Menores. ¿En que consistieron esas presiones?

Junto a López Vergara y Liberatori, y acompañados por Gustavo Moreno, hicimos una presentación frente a varias ONG en la cual denunciamos un proceso, que se ha acelerado en los últimos meses, por el cual el Ejecutivo, a través de la Procuración, desarrolla determinadas técnicas para hacer el “disciplinamiento” de un Poder Judicial que se quiere preservar como independiente y fiel ejecutor de los normas constitucionales.
Ese proceso tiene varias etapas. La primera etapa fue de recusaciones y descalificaciones públicas, es decir, la utilización de los medios para descalificar a los jueces, y la utilización de la herramienta de la recusación como técnica para desplazarnos.
Después, cuando comenzó a perder efectividad, porque la campaña pública no nos intimidó, y no me refiero a nosotros solos sino al gran conjunto de jueces del Contencioso, comenzó el tema de las denuncias penales y los juicios políticos.
Lo último que afirma el documento es la “falla” en el sistema de asignación de causas, por la cual el sistema se traba y las causas van a unos juzgados determinados.

¿Cuál fue la respuesta de los demás jueces de la Ciudad?

En varias etapas de este “disciplinamiento”, la Asociación de Magistrados se ha pronunciado en contra de estas prácticas. Además, hay apoyos, cada uno con su estilo y con su modalidad, de otros colegas. Creo que están con nosotros, por compartir una práctica, que es la de mantenernos independientes del Poder Ejecutivo.

¿Hubo alguna contestación por parte del Poder Ejecutivo?

Sí. Cuando terminamos el encuentro con las ONG se hizo presente la Procuradora de la Ciudad, Alejandra Tadei, y pidió mantener una reunión con las organizaciones que aún estaban en el lugar. Según los trascendidos, ella dijo ahí que el gobierno no perseguía a los jueces y que no quería disciplinarlos. O sea, el gobierno hizo una suerte de “generador de casualidades” y da la casualidad que en esa generación siempre terminamos pretendiendo ser disciplinados los jueces.

Mas allá de la denuncia pública que acaban de hacer, ¿cómo puede seguir esto?

Hay una vocación muy clara de no dar un paso atrás. Vamos a seguir en esa dirección. Calculo que va a ser una situación muy tensa para el Poder Ejecutivo pretender avanzar en esa línea porque la tensión no la van a tener con nosotros sino con todos los actores sociales que son los destinatarios de un Poder Judicial independiente. Es decir, la pelea la van a tener con la sociedad, no con nosotros.

Usted tuvo varios enfrentamientos personales con el Jefe de Gobierno. Ibarra llego a decir que usted tenía aspiraciones políticas.

Ese argumento se utilizó durante los dos años anteriores a las últimas elecciones. Ahora quedó claro que no me interesa. Supongo que en los meses previos a los próximos comicios empezaran con lo mismo. Cada vez que aparece un fallo que molesta al Ejecutivo, lo que hace es desviar el eje del discurso y buscar falsas justificaciones. En vez de discutir el caso, busca siempre correr el eje a través de las cuestiones electorales, o también avanzaron sobre mi situación patrimonial.

¿A usted le dolieron estos ataques?

No, la verdad no me afectan. Yo no tengo nada que ocultar. Además, son absolutamente faltos de efectividad. No le sirve al gobierno atacarme. A nadie le importa si yo le debo a un banco, por ejemplo. Además, es preocupante que el gobierno destine recursos para distribuir este tipo de información. Tengo infinidad de pruebas de que hay ciertas cuestiones que fueron distribuidas por usinas del gobierno.

¿Entonces para usted hay una campaña en su contra?

Yo no personalizaría. No lo vivo como un tema contra mí sino como un intento de “disciplinamiento” contra los que actuamos de determinada manera. Hoy soy yo, mañana van a ser otros.

Volviendo al tema anterior, usted descarta participar en el ámbito político

No, yo nunca lo descarté. Para mi sería más fácil decir “no, no me interesa”, pero estaría mintiendo porque yo no se si el día de mañana me va a interesar o no. Pero, ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo resuelvo? Quizás el día de mañana me canse de este rol judicial y quiera empezar otra carrera. ¿Es un pecado? ¿Es un delito? Por qué yo tengo que comprometerme con algo con lo cual quiero ser libre, como fui toda mi vida.

De hecho hay varios jueces que dejaron la carrera judicial para lanzarse a la política

Es que el discurso jurídico es un discurso político. Yo insisto que no tengo afiliación político partidaria, pero además no tengo ningún direccionamiento partidario, lo que no quiere decir que no tenga ideología. Yo no oculto que soy marxista, pero esto no quiere decir que esté afiliado a ningún partido, y no me interesa ningún partido. Si voy a un acto de Chávez todo el mundo se escandaliza, en cambio si voy a una misa de Bergoglio, nadie dice que voy a misa, y de hecho fui varias veces. No tenemos un chip, somos personas, tenemos ideología, no tengo por qué esconderla, digo lo que pienso. Esto no quiere decir que mis fallos no respondan a un orden jurídico vigente por el cual yo juré cuando asumí el cargo.

Hace poco tiempo terminó –sin acusación firme- el proceso de juicio político contra seis de los consejeros porteños. ¿Cómo vio esa situación?

El proceso tuvo un final infeliz porque a los cargos que llegó la Comisión Investigadora de la Legislatura, integrada por numerosos bloques, eran muy contundentes y muy fundados. El resultado final no tuvo un fundamento más fuerte que el del dictamen acusatorio como para darnos una sensación de tranquilidad institucional. Los únicos argumentos sólidos fueron los de la investigación y los argumentos de la absolución fueron meramente numéricos.

Muchos jueces del fuero Contencioso participaron activamente de ese juicio político. Con los resultados a la vista, ¿puede haber alguna “sed de venganza” de parte de algunos miembros del Consejo?

Yo no tengo elementos para hablar de venganza, pero tengo claro que ellos no tienen la imparcialidad que deberían tener para juzgarme hoy, por eso los recusé a todos. Y creo que no pueden juzgar a ninguno de los jueces ni fiscales que participamos activamente en ese proceso.

El gobierno promovió varios pedidos de juicio político en su contra, uno de los cuales está bastante avanzado.

A mí me pueden revocar una sentencia como la de cartoneros, o pueden plantear la nulidad como lo hicieron con lo de Lugano, lo que no pueden explicar nunca cómo la Legislatura sancionó una ley que es un calco de mi sentencia. Esto es lo que los lleva al absurdo.

¿Usted va a dar batalla en todos los frentes?

Yo voy a dar batalla en el terreno que me corresponde. Pero estoy convencido que tanto el Gobierno como el Consejo tiene dos frentes de batalla: uno es conmigo, en la parte judicial, técnica y procesal, y otra con la sociedad, para explicarle por qué persiguen a jueces que velan por los derechos humanos.

¿Cuál sus opinión del traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no se concreta?

Hay una deuda histórica desde los gobiernos de la autonomía -desde el 96´ en adelante- con la construcción de una verdadera autonomía que parte con la derogación definitiva de la ley Cafiero. Hasta que ello no suceda vamos a seguir en esta situación intermedia, de grises, donde hay sectores que sacan provecho.



nicolás pizzi / dju
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