A dos semanas del cierre del juicio político contra el presidente del Tribunal Superior misionero Jorge Rojas (la Legislatura se declaró incompetente para juzgarlo) y de la destitución de la jueza Marta Catella, el Jurado de Enjuiciamiento de esa provincia dio inicio este miércoles al juicio político contra el actual fiscal de Estado Lloyd Jorge Wickström.
El debate, que se llevará a cabo en el Tribunal Penal N° 2 de Misiones, insumirá varias jornadas ya que tanto la acusación -a cargo del Procurador General provincial Miguel Ángel Piñero- como la defensa han presentado una amplia documental y se ha citado a prestar declaración a una gran cantidad de testigos.
No obstante, el Jurado de Enjuiciamiento, que preside el titular del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas, tendrá plazo para expedirse por la destitución o la permanencia en el cargo del fiscal hasta el 23 de marzo. Si no hay sentencia para esa fecha el juicio se caerá automáticamente.
El juicio y la situación de Lloyd Jorge Wickström es seguida de cerca por varias ONGs y por el Foro Permanente de Fiscales de la Argentina. De hecho, según contó el propio Wickström, sus pares de Formosa y Chaco llegarán este jueves a Misiones para seguir de cerca los pasos del proceso.
El mismo día que se inició el juicio, se conoció un pronunciamiento del Foro Permanente de Fiscales, que preside Irmgard Lepenies, donde se solicita que estén garantizados los principios, Derechos y Garantías de las Constituciones Nacional y Provinciales.
“Cualquier ataque que se origine en el correcto cumplimiento de sus atribuciones, que implican no sólo la defensa de los intereses públicos frente a los particulares, sino también el control de legalidad de los actos estatales por lo cual se lo habilita a plantear la inconstitucionalidad de ellos, afecta la plena vigencia del Estado de Derecho, y debe ser enérgicamente repudiada”, dice el párrafo central del comunicado al que tuvo acceso este medio.
Los fiscales nucleados en el Foro aclararon, asimismo, que no pretenden “inmiscuirse en el ejercicio de potestades provinciales” e instaron a “fortalecer los medios legales instituidos con el objeto de resguardar el derecho de defensa y a que prevalezca la verdad, fundada en opiniones técnicas emitidas conforme al derecho vigente”.
A los tres casos mencionados, se le suman en Misiones las denuncias contra los jueces Julio Ifrán y Horacio Alarcón, además del caso de la fiscal Liliana Picazo.
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