Se vienen tiempos de mucho trabajo en la Justicia a raíz de la reactivación de causas vinculadas a los derechos humanos. De hecho, ya hay varios organismos que sufren la sobrecarga de tareas. Por eso Esteban Righi decidió firmar dos importantes resoluciones. La primera, dispone la creación de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la causas de derechos humanos, que estará a cargo del Fiscal General Jorge Auat. La otra, la 13/07, impulsa la autonomía del grupo de fiscales que trabaja bajo las órdenes de Félix Crous. Hasta ahora, esos funcionarios venían haciendo ambas tareas, y según fuentes cercanas al procurador, “no daban abasto”.
Según la Resolución PGN 14/07 -a la que accedió este medio- la nueva Unidad, que estará coordinada por Pablo Parenti, tendrá entre sus objetivos las siguientes prioridades: efectuar un relevamiento y seguimiento constante de las causas, cualquiera sea su estado procesal, en las que sean investigados hechos vinculados con la violación de los derechos humanos durante el último período de facto; mantener actualizada una base de datos pertinentes; coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución; y colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de los actores y testigos.
Sobre la designación de Auat, el Procurador destacó “su trayectoria y experiencia en la materia”, y sostuvo que “está en condiciones de sumar además la visión sobre ciertos aspectos desde la perspectiva de las jurisdicciones del interior del país”.
En esa misma resolución, Righi explica además que la creación de la nueva Unidad se debe, en parte, al rol que tomó la “Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado”, creada en 2004. “Con motivo de la reactivación de las causas judiciales, producto de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida”, esa Unidad, perteneciente a la Fiscalía de Política Criminal, “terminó por mutar sus funciones originales, pasando a asumir un protagonismo fundamental en el trámite judicial de varias causas voluminosas y complejas, en las que son investigadas violaciones graves de los derechos humanos ocurridas en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército y de la ESMA, y en etapas claves como lo son la actuación en instancias recursivas y el juicio oral”.
De esa manera, la Unidad de Asistencia, pasará a conformar “un cuerpo autónomo” que “se aboque exclusivamente a la representación del Ministerio Público Fiscal en los procesos e instancias judiciales en los que se halla interviniendo o le toque intervenir”.
Para Righi, el cambio está absolutamente justificado. “La experiencia recogida hace aconsejable que no recaigan sobre una misma y única unidad administrativa responsabilidades disímiles pero igualmente relevantes como lo son la coordinación y la representación en juicio en causas concretas, pues esas tareas de seguimiento y coordinación revisten también primordial importancia y reclaman una atención cada vez mayor en la coyuntura que podría verse dificultada por la dedicación plena que a su vez requiere la intervención en juicio en procesos de tanta envergadura y trascendencia”, dijo en una de las resoluciones firmadas este miércoles.
La “Unidad de Asistencia”, que próximamente se trasladará a la sede de Paraná 425, seguirá conformada por Clarisa Miranda, Nuria Piñol, Iván Polaco y Lorena Pacheco y el agente Nicolás Fardi, bajo la dirección del fiscal Félix Crous. No obstante, se asignó transitoriamente para que trabajen en ese lugar a las Prosecretarias Administrativas de la planta de personal de la Procuración General, Patricia Agneta y María Saavedra, y al Oficial interino Sebastián Rey.
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