El anunció de la aceptación de las dimisiones lo hizo este jueves la viceministra de Justicia de la Nación e integrante del Consejo de la Magistratura, Marcela Losardo, a instancia de la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, durante una reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo en la que se iba a tratar el caso de Parache. Los decretos de estas renuncias (el 383 corresponde a Parache y el 384 a Amelia Berraz de Vidal) todavía no fueron publicados en el Boletín Oficial pero ya cuentan con la firma de Kirchner.
La Comisión iba a tratar un dictamen en el que se recomendaba someter al magistrado tucumano a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Parache fue acusado por el supuesto pago indebido de títulos en default a través del dictado de medidas cautelares donde no se aplicaron las normativas pesificadoras.
Pero durante esta investigación, Parache, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, presentó su renuncia a partir del 31 de mayo próximo alegando razones de salud. Como la dimisión fue aceptada, el dictamen acusatorio se vuelve abstracto y el trámite no avanza.
La acusación contra Parache iba a ser tratada la semana pasada pero los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación consideraron prudente esperar una semana para conocer si el Presidente de la Nación aceptaba la renuncia.
Por los mismos hechos que Parache, otro juez federal de Tucumán, Felipe Terán, fue destituido el 18 de octubre del año pasado por mal desempeño de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el santafecino Reynaldo Rodríguez ya cuenta con un dictamen, elaborado por la diputada nacional Diana Conti, que pide su destitución.
Distinta es la situación de Berraz de Vidal. La magistrada renunció el 10 de abril para acceder a la jubilación. Sin embargo, integra la Cámara de Casación Penal que se encuentra en una disputa con Kirchner por las causas de derechos humanos. En su dimisión Berraz de Vidal pidió dejar el cargo a partir del 31 de mayo.
Cuatro jueces de ese tribunal, dos de ellos compañeros de la Sala IV de Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos, y Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi, presidente de la Casación, fueron denunciados ante el Consejo por familiares de víctimas de la última dictadura militar por obstruir y retrasar las resoluciones de causas de derechos humanos que involucran a represores.
El 24 de marzo pasado, a 31 años del último golpe de Estado, en Córdoba Kirchner se preguntó en Córdoba: “¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados juicios que deberían estar en marcha?”. Bisordi le contestó que “durante los gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora presidente de la república”.
Esta semana los cruces continuaron. Bisordi, que goza de una licencia médica, dijo que allegados al Gobierno le recomendaron renunciar sino iba a sufrir un escrache de la agrupación H.I.J.O.S. Este miércoles, Kirchner insistió en su derecho de decir que hay demoras en la Justicia y aclaró que eso no es intromisión.
Respecto a la denuncia que se investiga en el Consejo, quien la instruye, el juez Luis María Cabral, analizará si las nuevas pruebas que presentaron los querellantes la semana pasada se agregan al expediente principal o se abre un sumario nuevo. Esto es porque los abogados hicieron referencia a otros jueces de Casación.