El acuerdo fue celebrado por medio de la acordada 15/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni.
El convenio fue sellado con la firma de las autoridades máximas del Ministerio Público Fiscal y de la Corte Suprema y estableció un verdadero acuerdo de cooperación informático a fin de facilitar el material completo de las decisiones judiciales. Ellas de este modo estarán a los disposición de los ciudadanos a través de internet.
El Procurador General de la Nación se encuentra obligado a remitir una copia digital de los dictámenes que el Ministerio Público Fiscal realice en aquellos expedientes que se encuentren tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esa remisión la realizará una vez que la Corte reciba la copia en papel del dictamen junto con el expediente que le fue puesto en vista al agente fiscal. El Máximo Tribunal distribuirá el dictamen fiscal por medio de su página de internet, pudiendo cualquier persona compulsar dicho dictamen previo dictado de la sentencia definitiva.
A su vez, una vez dictada la sentencia, la Corte Suprema se comprometió a remitir una copia de esta, al Ministerio Público Fiscal, para que ellos en su página de internet puedan poner a disposición de los ciudadanos la sentencias de la Corte.
Este sistema reduce el riesgo de error al momento de publicar un fallo, o que el fallo publicado, en el cual se hace remisión al dictamen fiscal, salga publicado sin el dictamen respectivo. Hasta ahora esta situación, daba lugar a que su interpretación se haga de dificultosa a imposible al lector o al periodista que lo compulsa y/o divulga.
En el acuerdo se dejó constancia que lo que se publique en el documento digital, en ningún caso tendrá efecto procesal alguno, ya sea el dictamen o la sentencia misma de la Corte Suprema. Esto significa que ni la publicación del dictamen digitalizado importará su efectiva presentación ante la Corte Suprema, ni la publicación del fallo importará la notificación de este al Ministerio Público Fiscal.
La instrumentación del acuerdo estará a cargo de las respectivas áreas de informática, particularmente del Director General de Informática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Alfredo Catoira, y de la Secretaria de la Procuración General de la Nación María Alejandra Cordone.
El acuerdo tendrá una vigencia de dos años desde la firma de este, el cual se prorrogará automáticamente por el mismo plazo hasta que alguna de las dos partes denuncie el acuerdo –en un plazo mínimo de 30 días antes-, sin que ello genere ningún derecho de una respecto de otra.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, aclaró en su acordada que se arriba a este acuerdo aun cuando ambas instituciones sean independientes entre sí, y que dicho acuerdo no significa la creación de una dependencia, sino la colaboración informática en el trabajo por el cual se encuentran íntimamente vinculados.