Tras seis meses de trabajo, la Comisión Asesora encargada de redactar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación entregó el anteproyecto de reforma al ministro de Justicia Alberto Iribarne, quien anunció que lo remitirá de inmediato al Congreso para que comience su tratamiento.
Diariojudicial.com había adelantado el pasado 10 de septiembre que la comisión reformadora había terminado su trabajo y que faltaban algunos ajustes de redacción para entregar el anteproyecto, algo que finalmente ocurrió este lunes en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
"El propósito de la reforma es reducir los plazos procesales y dar una doblerespuesta, por un lado, evitar que algunos delitos, en particular los más complejos, queden impunes por prescripción de los tiempos procesales y, por otro, darle certeza a las personas imputadas sobre si serán condenados o absueltas en el proceso penal", señaló el ministro Iribarne.
La comisión reformadora tuvo como objetivo corregir las imperfecciones del sistemamediante el establecimiento de un mejor equilibro entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de las garantías de los ciudadanos. También procuró disminuir la cantidad de hechos de relevancia penal que no llegan a ser resueltos y lograr el juzgamiento de los hechos en materia de investigación en un plazo razonable.
Así, tal como se vino adelantando durante el plazo de trabajo que tuvo la comisión, los puntos centrales de la reforma procesal penal son:
• Asegurar la imparcialidad de los jueces dejando en manos del Ministerio Público la etapa acusatoria.
• Introducir el criterio de oportunidad, para que los fiscales tengan la facultad de prescindir de la persecución penal en los casos donde no esté comprometido el orden público.
• Reforzar el sistema oral como único camino para llegar al dictado de una sentencia.
Además, junto con la elaboración del anteproyecto de reforma, se presentará el proyecto de ley de organización judicial que permitirá la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento en materia penal y la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público.
"El objetivo de la reforma es acortar la duración de los procesos en la etapa instructoria, dándole la investigación a los fiscales. También prevé incorporar nuevas herramientas de gestión, tornar orales algunas etapas del procedimiento, mejorar la atención al público y, en particular, que las víctimas tengan una mayor participación en todo el proceso", explicó Iribarne.
La comisión asesora estuvo integrada por los diputados Juan Beccani, Luis Cicogna, Rosario Romero; los senadores Ernesto Sanz, Vilma Ibarra y Miguel Pichetto; los jueces Luis Garcia y Adriana Ledesma; el secretario general de la Procuración, Adrián Marchisio; el fiscal Jorge Di Lello y María Fernanda López Puleio, el representante académico Fernando Díaz Cantón, y el investigador Marcos Salt. Mientras que Carlos Baraldi estuvo a cargo de la coordinación.
El nuevo Código elaborado tiene 400 artículos que se agrupan en una Parte General y una Parte Especial. La Parte General se divide en tres Libros: Libro I. Disposiciones Generales, Libro II. Los Sujetos del Proceso y Libro III. Los Actos del Proceso. En tanto que la Parte Especial se divide en cuatro Libros: Libro I. ProcedimientoComún, Libro II. Procedimientos Especiales, Libro III. Recursos y Libro IV. Ejecución.
Desde el Ministerio destacaron que la implementación deberá realizarse con un criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones territoriales. A su vez se aclaró, tal como lo exige la seguridad jurídica, que el Código se aplicará a los procedimientos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha continuarán su trámite hasta su finalización según las reglas anteriores.
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