El enfrentamiento entre el Consejo de la Magistratura y el juez de la Cámara de Casación Penal Alfredo Bisordi tiene un nuevo capítulo. Es que ahora está en trámite una acción de amparo presentada por el magistrado, alegando imparcialidad y violación a las garantías del debido proceso y defensa en juicio, contra los miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación. Es en el marco de la investigación que le siguen en su contra, por obstaculizar el avance de causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La presentación recayó en el juzgado nacional en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo de Ernesto Marinalli, quien ya admitió el amparo en los términos del artículo 8 de la ley 16.986, y solicitó al Consejo de la Magistratura la presentación de un informe circunstanciado. Allí deberán enmarcar las pautas objetivas acerca de qué fue lo que pasó institucionalmente en relación al rechazo de las recusaciones planteadas por Bisordi contra los consejeros y la negación a la concesión del recurso extraordinario federal pedido por el mismo magistrado.
El cuerpo ya está elaborando el proyecto del informe, cuyo plazo de presentación vence el próximo miércoles, luego de lo cual el juez tendrá un plazo de 48 horas para dictar sentencia sobre la cuestión de fondo planteada en el amparo: decretar la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Disciplina y Acusación en el expediente 71/07.
Al respecto, la consejera Diana Conti señaló que el amparo “es tan improcedente que el doctor Marinelli da un traslado que no se sabe por qué lo da, pero vamos a respetarlo y contestaremos la absoluta improcedencia”. Mientras que agregó que esto “es un artificio más de un Bisordi que quiere ver si frena la actuación del Consejo”.
Por su parte, Luis María Cabral , que ya está elaborando el dictamen sobre la acusación a Bisordi mientras espera que finalice la auditoría a la Cámara de Casación, indicó que “la Comisión no ha cometido ninguna arbitrariedad”.
En el amparo, Bisordi denunció que el proceso que se lleva en su contra en el Consejo está “estigmatizado desde su origen mismo”, y dijo que los consejeros “carecen de la imparcialidad necesaria o de un mínimo de objetividad imprescindible, para efectuar la instrucción indispensable para producir la acusación”.
Ante esto, el ex presidente de la Cámara de Casación planteó “la inconstitucionalidad, por arbitrariedad, de todo el procedimiento seguido en mi contra por la referida Comisión, solicitando desde ya su total anulación”. Mientras que también se reservó el planteo federal para poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que su pedido no tenga respuesta favorable.
Bisordi justificó la presentación del amparo señalando que “no existe otro instrumento judicial alternativo que garantice una decisión oportuna de la jurisdicción y que con ella se resguarden los derechos fundamentales afectados. Ello es así toda vez que el avance del irregular procedimiento instruido en mi contra podría arribar a la acusación y posterior suspensión en el cargo, con anterioridad a que se resolviera el recurso de queja en trámite por ante la Corte”.
La investigación por mal desempeño contra Bisordi se inició por una denuncia de cinco abogados querellantes constituidos en las causas por violaciones a los derechos humanos conocidas como “ESMA”, “Primer Cuerpo de Ejército”, “Campo de Mayo” y “Plan Cóndor”. En ella se lo acusa de intervenir, hallándose excusado, con la intención de obstaculizar el avance de los procesos. “Jamás se obstruyó ni dificultó la tarea de los jueces inferiores en grado en el tratamiento de las aludidas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos”, afirmó Bisordi en el amparo.
Finalmente, el magistrado finaliza su planteo sosteniendo que “ya sea por animosidad personal, o por necesidades políticas a las que se encuentran atados y deben satisfacer, los integrantes del consejo han puesto en evidencia que este caso constituye un gravísimo y claro ejemplo de “desvío de poder”.
dju / dju
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