Considerada la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, después de las armas y de las drogas, el tráfico de personas recauda 32.000 millones de dólares por año. El delito constituye una problemática a nivel mundial, ya que integra una red de países (conformada fundamentalmente por los latinoamericanos) de los que se sustraen personas, y otros (los más desarrollados) que fomentan comercialmente el negocio.
Relevamientos de la Organización de Estados Americanos y el Instituto Nacional de Migración indican que alrededor de 700.000 mujeres de América Latina son secuestradas y enviadas a Japón, donde se las somete a relacionarse de manera sexual con decenas de personas. Estas cifras alarmantes condujeron a la CND a firmar un convenio con la ONU y UNICEF para actualizar los datos y presionar a los gobiernos locales para que tomen medidas al respecto.
Susana Chiarotti, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, afirma que la actividad se encuentra en niveles de ascenso y que las mujeres secuestradas son “vendidas a grupos locales como la Yakuza, mafia japonesa”. Chiarotti acusa que para la existencia de tal criminalidad, se hace imprescindible la complicidad entre las mafias y los gobiernos latinos, así como también algún tipo de “cobertura de parte de algún sector de las fuerzas de seguridad”.
Con respecto al gobierno japonés, un informe de la OEA detalla que se conceden 120.00 visas por años de entretenimiento, mayoritariamente a mujeres. Este dato no es casual, aunque no puede considerarse a Japón como el único país motor de la industria: un reporte de la ONU registra a Estados Unidos, España e Italia como otros de los principales destinos del tráfico humano al exterior.
En el mismo sentido, la Argentina era antes un país al que llegaban mujeres de otras partes del mundo para ejercer la prostitución. Sin embargo, Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación explica que "en los últimos años se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas”. Para ello advierte que son “insuficientes e insipientes los esfuerzos gubernamentales” en la región y remarcó que es “urgente” la sanción de una ley que tipifique el delito de trata.
Estos puntos fueron expuestos en el marco de la “Primera Jornada Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas” en la ciudad de Mar del Plata, en septiembre pasado. Allí, elevó un informe en el que dio a conocer que en Argentina, el 90 por ciento de las víctimas del tráfico son mujeres con fines de explotación sexual, y que 500 mil personas sacan rédito –de manera directa o indirecta- gracias a esa violación.