Con la votación unánime de los siete consejeros presentes, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó en su última sesión un dictamen sancionatorio contra el juez de Instrucción de la Capital Luis Alberto Zelaya. Resta ahora que sea confirmado este jueves por el plenario del cuerpo.
Lo que se dispuso fue una sanción de multa del 20 por ciento del sueldo del magistrado, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 13, por su actuación irregular en diversas causas a su cargo, en las que no adecuó su comportamiento a la debida diligencia.
Zelaya fue denunciado por irregularidades en la causa caratulada “Storni Gustavo Adolfo s/torturas y privación ilegítima de la libertad”, en la que se investigaba el secuestro extorsivo a Mauricio Macri en 1991. El dictamen señala en primer término que en un pedido de recusación “el magistrado ha desconocido las normas procesales aplicables al caso”.
A su vez agrega “con relación a las sucesivas y reiteradas revocatorias formuladas por la Sala VII de la Excma. Cámara del Crimen y las diligencias sugeridas por dicho Cuerpo, una marcada obstinación por parte del Dr. Zelaya en no seguir los lineamientos esbozados por la Alzada, proceder que de algún modo generó un dispendio temporal que de haberse evitado, hubiera permitido contar con un material probatorio que proporcionara un panorama mas acabado de los hechos.
También se lo investigó por “supuesto accionar parcial” en dos expedientes en los que habría dictado autos interlocutorios sin prueba suficiente. Sin embargo, eso no fue acreditado por el Consejo.
El dictamen 428/07 fue elaborado por el juez Luis María Cabral y acompañado por el voto de Diana Conti, María Laura Leguizamón, Nicolás Fernández, Federico Storani y Mariano Candioti. La denuncia había sido iniciada en 2003 por dos ex integrantes del Consejo, Eduardo Orio y Beinusz Szmukler.
En el 2005, el plenario del Consejo, que ahora debe confirmar la multa, le había impuesto a Zelaya una sanción de apercibimiento por dejar hojas firmadas en blanco en su juzgado.
En esa misma causa, los consejeros no pudieron acreditar las imputaciones referentes a la desaprensión en la atención del tribunal; la existencia de irregularidad en el cumplimiento de los horarios del despacho -además de su poco tiempo de concurrencia al mismo-, ni la falta de dirección y conducción con respecto a las causas en trámite.
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