El incidente se produjo cuando el vehículo atravesaba un paso a nivel y, según los testimonios, el chofer del micro cruzó con las barreras bajas y las luces encendidas. Como consecuencia del choque, al menos 17 personas fallecieron, mientras que 64 pasajeros resultaron heridos.
La fiscal de Dolores Fernanda Jachman solicitó que el conductor sea imputado por homicidio “homicidio doloso, con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves dolosas”, lo que contempla una pena de prisión de entre 8 y 25 años. Su acompañante recuperó su libertad aunque requirió su indagatoria por “homicidio culposo por omisión, agravado por la cantidad de muertes en concurso real con lesiones culposas.”
La jueza de garantías Laura Elías se pronunció al respecto y dispuso “convertir en detención la aprensión que padece Ernesto Javier Rodiguez en orden de los delitos de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”.
Por este hecho, se lo detuvo en carácter de incomunicado, y fue alojado en la comisaría de Dolores. No obstante, determinó “no hacer a lugar a la solicitud de detención impetrada en relación a José Luis Garófalo.”
Uno de los abogados de los acusados hizo referencia a la responsabilidad civil de la empresa propietaria del micro, expresando que debía hacerse cargo del “resarcimiento patrimonial de todas las víctimas.”
A raíz de lo ocurrido, el Defensor del Pueblo de la Nación propuso que se declare la emergencia vial en todo el territorio nacional entre el 19 y el 25 de marzo.
Fundamento esta solicitud en “el previsible aumento en el traslado y desplazamiento de numerosas personas para esos días, con motivos turísticos y de reunión familiar, volverá a focalizar en las rutas la posibilidad de nuevos y penosos siniestros viales.”
Desde la Defensoría también se comunicó que conjuntamente con estas medidas, se requerirá la disposición de todas las fuerzas y organismos competentes en el ejercicio del poder de policía de tránsito para la realización de estrictos y rigurosos controles del cumplimiento de toda la normativa de tránsito vigente.
Por otro lado, requirió como medida preventiva, extraordinaria y estrictamente temporal, la implementación de límites de velocidad de 80 kilómetros por hora en rutas de doble vía y de 100 kilómetros por hora en autopistas.
Entre otras cuestiones, también se instó a la realización de controles masivos de alcoholemia y de elementos de seguridad de los vehículos en las rutas bajo jurisdicción nacional y en todas las estaciones de peaje.
Mondino aclaró que, en forma independiente de los proyectos actuales que procuran establecer una política integral de seguridad vial, “es necesario que se tomen medidas de carácter extraordinario en Semana Santa para prevenir la producción de siniestros viales y disminuir sus consecuencias”.