“La existencia de recursos pendientes de resolución…….. en ningún caso impedirá la elevación a juicio de las actuaciones”, señala el dictamen que reforma el artículo 353 del Código y que se aprobó este miércoles en la Cámara a instancia de un proyecto del Poder Ejecutivo.
Las modificaciones agregan que “las cuestiones que se vinculen exclusivamente con la libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso impedirán la prosecución de las actuaciones hasta la sentencia definitiva”.
“La radicación de la causa ante el tribunal oral se comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a cargo decidir el recurso que se encuentre pendiente. El tribunal de alzada dará prioridad al tratamiento de los planteos de los que depende la realización del juicio, además de aquellos efectuados en el marco de causas con personas detenidas”, también se incluye al Código.
Tras la ratificación del pleno de la Cámara Baja, se aplicarán a las causas que se tramitan actualmente bajo las normas del Código Procesal Penal.
Otra de las modificaciones sugeridas por el Gobierno Nacional, que formó parte del paquete de reformas a la Justicia penal que el Ejecutivo envió al Congreso a fines de marzo pasado, dispone que todas las audiencias sean grabadas.
“Las audiencias que se disponen en esta ley serán registradas en su totalidad mediante la grabación del audio. Deberá agregarse una copia del mismo a cada una de las partes”, señala el texto del proyecto que este martes dictaminó la Comisión de Legislación Penal.
También se prevé la creación de una oficina judicial para las Cámaras de Apelaciones penales. La oficina “brindará asistencia organizativa a los respectivos tribunales para la realización de las audiencias que se disponen en esta ley”.
Fondo de compensación
Conjuntamente las comisiones de Legislación y de Derechos Humanos y Garantías de Diputados aprobaron un proyecto que prevé la creación de un fondo de recompensa económica para quienes aporten información sobre las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La iniciativa también prevé la implementación de una unidad exclusiva de búsqueda de personas acusadas por delitos de lesa humanidad.