Mientras, un grupo de ONGs pidieron una reunión con el ministro de Justicia Ricardo Casal para proponer la incorporación de nuevos temas.
Atento a la preocupación del Ejecutivo de la Provincia por las casi 7000 causas demoradas que hay en el Tribunal de Casación Penal, la Cámara baja aprobó el jueves la propuesta de descongestionar esa instancia quitándole competencia a la hora de atender recursos.
De esta manera, sólo llegarían a conocimiento del Tribunal, por vía casatoria, los recursos interpuestos en materia criminal, dejando en mano de las cámaras de apelaciones la competencia en los recursos de apelación, acción de revisión, juicio abreviado y directísimo en materia correccional.
Mientras que para disminuir el tiempo de tramitación de los procesos en Casación, se fijaría como término de resolución definitiva seis meses, con posibilidad de prorrogar por seis meses más mediante resolución fundada.
Sin embargo, estas modificaciones procesales no fueron acompañadas por la Coalición Cívica en el plano parlamentario ni por un grupo de ONGs. En ese sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Comisión Provincial por la Memoria, la APDH-La Plata y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una audiencia a Casal para manifestarle la necesidad de ampliar la agenda judicial con la participación de otros actores sociales, que no fueron consultados para la elaboración de los proyectos en trámite.
Esas organizaciones consideran que las medidas impulsadas por el Ejecutivo no solucionarán los problemas actuales del sistema penal bonaerense, y remarcan que las propuestas siguen concentrándose en los casos que el sistema penal procesa actualmente y que se orientan a los sectores más vulnerables de la población.
“Vemos con preocupación que la reforma no soluciona problemas de fondo de la Justicia, no cambia la política criminal de la Provincia, donde hoy principalmente se trabaja con delitos de flagrancia”, sostuvo Alvaro Herrero, de ADC.
Por ello, la postura central de las ONGs es elaborar un plan de política criminal orientado a desarmar las redes de delitos complejos, como la corrupción de funcionarios públicos, el trafico de estupefacientes y otras redes delictivas que conforman el crimen organizado.
En tanto que también indicaron que es necesario: fortalecer la defensa pública (reclaman la autonomía del defensor de Casación, que está subordinado al Procurador General), garantizar el control de las detenciones policiales y el respeto del debido proceso, abrir nuevos canales de participación en los procesos de selección de magistrados e imponer controles externos a jueces, fiscales y defensores.
El proyecto de flagrancia
El segundo de los temas aprobados por los diputados bonaerenses fue la implementación de un procedimiento especial para los casos de flagrancia, que se aplicará en aquellos departamentos judiciales en los que esté en funcionamiento el “Plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio”.
La iniciativa pretende reducir el trámite de las causas en las que el autor fue sorprendido "infraganti" cometiendo un delito. Así durarían un promedio de 60 días para los delitos con penas menores a los 15 años, como el hurto y la tentativa de estafa o robo.
De acuerdo al proyecto de flagrancia, las decisiones jurisdiccionales se tomarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediatez, bilateralidad, continuidad y concentración. Y las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo.
En el caso de requerirse la excarcelación, al quinto día se fijará la audiencia y allí se podrá dictar la prisión preventiva, el sobreseimiento o la suspensión de juicio a prueba. Mientras que si se conceda la libertad, en un plazo no mayor a los 40 días el imputado será convocado para presenciar una reunión similar de finalización de la investigación y de posibles acuerdos.