Todo indica que el Poder Judicial estará entre las primeras prioridades del nuevo Gobierno de Fernández de Kirchner que deberá retomar algunos temas que le dejó pendientes su marido.
Entre ellas, la definición de 47 ternas de jueces en manos del Poder Ejecutivo. La demora en la cobertura de vacantes fue una de las mayores críticas que Néstor Kirchner recibió de parte de la Justicia. En 2007, el Presidente saliente pidió al Senado el nombramiento de magistrados en sólo dos oportunidades.
Entre esas demoras, hay 11 ternas pendientes que el Consejo de la Magistratura envió al Gobierno en 2006. También está el caso de una vacante en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata cuya terna tiene el Poder Ejecutivo desde julio de 2005.
Las vacantes están íntimamente relacionadas con los jueces subrogantes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales porque no cumplían con el requisito de ser nombrados por el Senado de la Nación, como sí ocurre con los magistrados titulares. En su fallo, el Máximo Tribunal ordenó que para mayo próximo se sancione una nueva ley de subrogantes. “Ese será uno de los temas de la agenda del 2008 del Gobierno de Cristina”, le dijo a Diariojudicial.com una diputada de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchener dos comisiones de juristas, convocados por el Ministerio de Justicia, se abocaron a trabajar en reformar al Código Procesal Penal y al Código Penal. La nueva gestión deberá decidir si hace suyas esas iniciativas y las envía al Congreso para su tratamiento.
Las modificaciones al Código Procesal Penal proponen que las investigaciones queden en manos de los fiscales (para que los jueces ganen en independencia en sus decisiones), introduce el criterio de oportunidad y refuerza el sistema oral. “El objetivo de la reforma es acortar la duración de los procesos en la etapa instructoria”, dijo en septiembre el ministro de Justicia saliente, Alberto Iribarne, durante la presentación de los cambios propuestos.
La reforma al Código Penal generó una fuerte polémica. Las modificaciones apuntaban a despenalizar el aborto en los primeros tres meses de gestación, legalizaba la tenencia de drogas para consumo personal y eliminaba la prisión perpetua como pena. Cuando se presentaron las modificaciones, en 2006, Iribarne señaló que la reforma no era una prioridad para el Gobierno y dijo que su análisis quedaba postergado para dentro de dos años. Es decir, en 2008.
En su discurso Fernández de Kirchner también habló sobre la seguridad. Una de sus decisiones en el elenco de los ministros fue que en la cartera judicial absorbiera la función de la seguridad interior con el manejo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Presidente dijo en el Congreso que la Justicia “será imprescindible en la reconstrucción del valor seguridad para todos los ciudadanos”.
Sobre este tema una de las discusiones más importantes estará relacionada al traspaso de los fondos de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, lo que el Gobierno Nacional hasta el momento se negó. El Congreso modificó parte de la ley “Cafiero” y le permitió a la comuna porteña poder crear su propia fuerza de seguridad pero sin los recursos financieros que maneja la Nación.
El nuevo Gobierno también deberá afrontar decisiones judiciales sobre casos de corrupción que investiga la Justicia. Algunos de sus actuales funcionarios tienen causas abiertas y hay otras tantas que involucran a personas que no ya están en la gestión. Comparados con gobiernos anteriores no son tantas, pero todas tienen repercusión en la opinión mediatizada. Algunos de los casos más importantes son Skanska, la bolsa de dólares de Felisa Micelli, las irregularidades denunciadas en los índices del INDEC, el ingreso al país del venezolano Antonini Wilson con 800 mil dólares en un vuelo con funcionarios nacionales, y la venta a precio insignificante de repuestos de FAL a Estados Unidos. Inclusive Fernández de Kirchner fue denunciada por la UCR durante la campaña presidencial por utilizar bienes del Estado para fines electorales.
El tema más reciente vinculado la Justicia lo pronunció la propia Presidenta en su discurso de asunción y hace dos semanas cuando renunció a su banca de senadora. Reclamó que los jueces paguen el impuesto a las ganancias ya que se trata, dijo, de una deuda de la democracia.