Al magistrado lo escuchaban el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y los representantes Autoridad de Cuenca (ACUMAR), integrada por los gobiernos de la Nación y de la provincia y ciudad de Buenos Aires, y presidida por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti,
Entre los plazos fijados por la Corte Suprema en el Plan Integral de Saneamiento se encuentran que en 30 días se inspecciones a las empresas que están a la vera de la cuenca y que en 90 días establezca un sistema de medición de contaminación internacional y que los resultados que arroje le sean informados a Armella, juez designado por el Máximo Tribunal para llevar a cabo el proceso de cumplimiento de las etapas.
En la audiencia, que comenzó a las 9 y que duró tres horas, Picolotti planteó la posibilidad de extender los plazos de para ejecutar el plan. Pero el juez sostuvo que esa es una decisión que solamente pude tomar la Corte Suprema.
Por otra parte, el magistrado le pidió a las partes que informen cualquier dilación que pudiera llegar a haber en la causa. Mondino se negó a modificar cualquier de los plazos y las partes se comprometieron a cumplir el cronograma previsto, informaron fuentes judiciales.
Quien también participó de la audiencia fue el titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, a quien la Corte Suprema le asignó el control de los fondos y la ejecución presupuestaria.
La audiencia se llevó a cabo en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca que lleva adelante la Corte Suprema. El Máximo Tribunal dictó el 8 de julio un fallo por el cual le fijó a los gobiernos de la Nación y de la provincia y ciudad de Buenos Aires etapas y plazos para limpiar el Riachuelo. En caso contrario, también establece las sanciones para los incumplimientos.
“La recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces”, sostuvieron los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raul Zaffaroni y Carmen Argibay.
La Corte destacó en el fallo que el Plan Integral de Saneamiento tiene tres objetivos; la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.