Concretamente la ONG solicitó que se dispongan cinco medidas: que la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires readecuen el Plan de Saneamiento Integral teniendo en cuenta las críticas de la Universidad de Buenos Aires; presenten un plan de salud para atender a las personas afectadas por la contaminación; presenten periódicamente los avances del plan; constituyan el “Fondo de Compensación Ambiental” fijado en la ley 26.168 de la cuenca Matanza-Riachuelo; y que cumplan con el acceso a información pública sobre el plan.
Los pedidos de prevención y cese de daño ambiental formulados por la ONG, que forma parte como tercera interesada en la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, se presentaron con el objetivo de adecuar el plan a las críticas que le efectuó la Universidad de Buenos Aires (UBA) y reencauzar los objetivos primarios de saneamiento con los que fue ideado.
La UBA concluyó que el plan de saneamiento presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en realidad no es un plan. Los peritos de la Universidad sostuvieron en las últimas audiencias públicas que se realizaron en la Corte Suprema a mediados de julio pasado que la presentación tiene escasez de datos y falta de información, superposición de proyectos y falta de controles ambientales, entre otras falencias.
Hace un año, la Secretaría de Medio Ambiente presentó el Plan de Saneamiento Integral del Riachuelo a instancias de la Corte Suprema que inició una causa a partir de una denuncia de vecinos de la cuenca por la contaminación ambiental. En ese expediente ya se iniciaron dos audiencias públicas con la participación de los tres gobiernos que intervienen, vecinos y organizaciones civiles.
La FARN también criticó el trabajo de la Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo (integrada por los estados de la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y presidida por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti) fundamentalmente por el manejo del presupuesto pasa sanear el Riachuelo..
En el escrito presentado este martes, la ONG destaca las contradicciones de Picolotti sobre ese tema. Señalaron que en la primera audiencia pública, hace un año, la Secretaria sostuvo que la Autoridad de Cuenca iba a poder “adoptar cualquier medida necesaria o conveniente para efectuar el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y para ejecutar el presupuesto de la Autoridad de Cuenca”. Pero en la última audiencia sostuvo que la función de la Autoridad “será sólo la de coordinar políticas y que no va a manejar un presupuesto”, sino que éste estará en manos de cada jurisdicción.
Por eso, uno de los pedidos es para que se constituya el “Fondo de Compensación Ambiental” creado por la ley 26.168 para proteger los derechos humanos y prevenir, mitigar y recomponer los daños ambientales. Ese fondo, dispone la ley, será ejecutado por la Autoridad de la Cuenca y se financiará con el presupuesto que le gire la Nación, lo recaudado por multas, indemnizaciones, subsidios, donaciones, créditos internacionales, u otros recursos que asigne cualquiera de las tres jurisdicciones.
“Concretamente, las tres administraciones han violado hasta aquí el mandato establecido por la ley nº 26.168, que imponía un modelo de ejecución del plan desde la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo, sin burocracias, con la velocidad y unicidad que el caso requería”, sostuvo la FARN.
También la ONG insistió ante la Corte sobre la importancia del acceso a la información pública para que la Autoridad de Cuenca brinde datos que se le soliciten. La FARN se presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente pero ésta les negó datos o le respondió de manera parcial. Por eso presentó dos amparos ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que la Secretaría le brinde información sobre la cantidad de empresas que operan sobre la cuenca y qué acceso tienen sus habitantes al agua potable y los proyectos que previsto implementar al respecto, entre otros temas.
“Lamentablemente, a poco de andar varios de los aspectos del Plan de Saneamiento parecen estar desvaneciéndose, aún antes de haber comenzado a funcionar. Algunos hechos parecen estar indicando que lo que parecía ser un rosario de buenas noticias, vale decir un plan de saneamiento, con acciones específicamente destinadas al logro del saneamiento de la cuenca y dotado de presupuesto específico, no resultarán en la práctica de esta manera”, concluyó la FARN su presentación.
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es el constitucionalista Daniel Sabsay.