“Para nosotros es vital y de primer necesidad por lo menos entre las provincias y dentro de la red judicial provincial”, aseguró el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming con respecto a esta innovación, que en principio, daría validéz jurídica a contratos entre partes.
Sin embargo, el magistrado recordó que para el interior del país no es una absoluta novedad” porque por ejemplo “el Poder Judicial de Mendoza está muy avanzado en el sistema de firma digital con certificación, Tucumán lo acaba de anunciar y Salta lo tiene hace años entre sus distritos”.
“Sería interesante pensar lo que está sucediendo para pensar la necesidad de un ente de certificado licenciado que diera este servicio para todas las actividades dentro de la Justicia”, expresó el secretario de Informática Judicial del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Guillermo Cosentino, quien aclaró que “la economía se daría en el caso de que no fuera necesario que otros organismos públicos tuvieran que poner sus propios entes para certificar”.
No cabe duda que eso sería una pieza faltante, teniendo en cuenta que a partir de este año, en la justicia chubutense los fiscales y los defensores pueden efectuar cualquier tipo de presentación a través de un mail con firma digital en sede penal.
La sanción de la Ley 26.388 de Delitos Informáticos promulgada el 24 de junio de este año “es una garantía para lo que va hacer la Anses” , sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados, Gustavo Cusinato, en relación a la nueva norma que a través de la modificación del Código Penal condena las estafas que utilizan las firmas digitales.
Por otro lado, Fleming opinó que el Poder Judicial argentino debería copiar el sistema de la Euroorden que utiliza la Unión Europea como espacio de cooperación judicial entre los estados miembros para acabar con una serie de delitos que traspasan fronteras. “Un juez romano puede dictar una resolución y esta va tener ejecución en España sin ninguna dificultad. Eso debe ser logrado por lo menos en el sistema federal, entre las provincias y dentro de cada provincia, entre los distritos judiciales”.