Los legisladores de Neuquén están viendo con preocupación que los casos de abuso sexual contra menores “son un fenómeno cada vez más creciente” y por ello ya acordaron en comisión un despacho para garantizar la asistencia legal de las víctimas en las causas penales seguidas contra los agresores: buscan incorporar al Código Procesal Penal de la provincia la figura del “menor querellante”.
El tema fue tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya acordó la idea central de la iniciativa y que ahora pondrá a consideración del pleno del recinto un despacho consensuado que surge de los dos proyectos encabezados por el diputado Marcelo Inaudi, del bloque Concertación Neuquina, y por la diputada Graciela Muñiz Saavedra, del bloque Movimiento Popular Neuquino.
De acuerdo a lo debatido preliminarmente por los legisladores, se incorporará al Código Procesal Penal el artículo 96 ter, que obligará al Estado a proveer a los menores víctimas de un abuso sexual un “defensor de los Derechos del Niño y Adolescente” para que intervenga en representación de los intereses del afectado con iguales facultades que el querellante particular.
Si la iniciativa es aprobada por el pleno de la Legislatura, la asistencia técnica del defensor del menor será “bajo pena de nulidad”, pero sin perjuicio de que el padre o tutor de la víctima opte por un representante legal particular.
“No debe dejar de advertirse que las situaciones de abuso sexual contra menores es un fenómeno cada vez mas creciente y, por supuesto, uno de los delitos que causa más aversión”, advirtió la diputada Muñiz Saavedra en los fundamentos de su proyecto. En tanto que agregó que los menores, frente a estos tipos delictivos, necesitan una mayor protección legal: “Se pretende dar una respuesta adecuada dentro de la misma institución del Poder Judicial”, concluyó.
Además, la legisladora explicó que la elección del defensor de los Derechos del Niño y Adolescente para que actúe como querellantes del menor “obedece a la particular especialización en la materia que poseen”. Y aclaró que se excluye la intervención del defensor Penal del Niño y Adolescente o el defensor Oficial Penal, porque el primero está orientado específicamente al menor a quien se le ha atribuido un hecho delictivo, “con serias posibilidades de que se den situaciones de intereses contradictorios en un mismo proceso”. Y el segundo, por no estar especializado en la materia y asumir la defensa de mayores imputados.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales también tiene en estudio una serie de modificaciones en la metodología de uso de la Cámara Gesell. Los diputados están debatiendo la posibilidad de acompañar al niño con un familiar o persona de confianza durante la entrevista; que se deje constancia de la misma en soporte audio-visual; y la prohibición de que el sospechado presencie la entrevista, punto que genera mayor polémica.
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