F) SEGURIDAD

Es un tema que preocupa cada día más a la gente, pero que, ahora, parece haberle llegado a los funcionarios de la Justicia, precisamente a aquellos que son parte del sistema que tiene que proporcionar confianza a la población. Claro que no son los únicos: el brutal asesinato de un sargento de policía en un destacamento en Neuquén a manos de delincuentes, marca a las claras que la violencia ya no respeta límites y avanza con enorme peligrosidad no sólo sobre la sociedad civil sino sobre aquellos a quienes esa misma sociedad le encomendó la misión de protegerla. Lo grave es la indecisión que parece aflorar en determinados niveles de conducción. No son pocos los jueces de Instrucción que se quejan porque ni la Cámara respectiva, ni la Corte que ejerce las facultades de superintendencia del edificio de Talcahuano 550, han tomado las medidas adecuadas para impedir que algún magistrado sufra un atentado. Es que la amenaza con trotyl -pese al silencio de la Policía que trató de disimular el episodio aunque la capacidad destructiva podría haber hecho volar a parte del quinto piso- contra los jueces Alberto Baños, Wilma López y el secretario Julio Quiñones no es un caso menor ya que el explosivo estaba en buenas condiciones y sólo le faltaba el detonador, un elemento que hoy parece ser de fácil acceso en el mercado negro de armas. Pero -para evitar inexplicables quejas del Colegio de Abogados, más preocupado en las formas que en la gravedad del problema- la Corte duda en colocar un detector de metales, que sin embargo funciona sin problemas en Comodoro Py, el nuevo epicentro de la justicia argentina.

dju / dju