04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

El Consejo le bajó el pulgar al juez salteño

El Consejo de la Magistratura suspendió en su cargo y mandó a juicio político al juez federal de Salta, José Antonio Solá Torino, quien se encuentra procesado por el delito de cohecho activo. Por unanimidad será sometido a un Jurado de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño en sus funciones.

 
En lo que fue el primer plenario del Consejo de la Magistratura, se aprobó el dictamen acusatorio contra el juez federal Solá Torino y fue enviado a juicio político. El magistrado fue suspendido, a raíz de una causa en su contra en donde se lo acusa de cobrar dinero para levantar la orden de captura a un narcotraficante.

Los consejeros aprobaron en forma inmediata la acusación, “por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito”, en un plazo de 180 días el Jurado de Enjuiciamiento deberá evaluar si remueve o no restituye al magistrado.

El consejo, ahora presidido por el camarista Luis María Bunge Campos, aprobó sin demoras la suspensión. Una vez finalizada la votación, el consejero Nicolás Fernández, autor del dictamen acusatorio, destacó su “unanimidad”.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Salta había confirmado el procesamiento en contra del magistrado, el cual había sido dictado en primera instancia por el juez Miguel Medina.

Solá Torino es integrante del Tribunal Oral Federal de Salta, y su suspensión sobrevino tras ser acusado del supuesto cobro de 15 mil pesos para levantar la orden de captura de Miguel Farfán, quien estaba prófugo desde 2003 tras ser condenado por narcotráfico.

El ahora suspendido juez ya había negado los cargos al presentar un descargo por el año pasado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

En ese escrito de trece carillas, Solá Torino se había justificado en que en agosto de 2007 recibió una comunicación de la Policía Federal “preguntando si interesaba la detención de Miguel Farfán, que se encontraba prófugo desde enero del año 2003. Ante la posibilidad que la pena estaría ya prescripta se contestó que no, levantándose la captura oportunamente ordenada”,

“En el mes de enero de 2008, el juez de ejecución de feria, recibe comunicación de un juez de Buenos Aires preguntando si estaba vigente la condena de Farfán; este requerimiento no fue atendido por el juez de feria, ni se le impuso trámite al recibirlo. A mi reintegro en el primer día hábil, estaba el pedido de informe del juez de Buenos Aires, se compulsaron las constancias del expediente y al advertir que se había incurrido en un error involuntario…….dispuse reimplantar su captura y así se ofició”, había explicado Solá Torino.

Además, no ahorró críticas hacia el juez que lo procesó en primera instancia, por haberse basado en “dos cuestiones subjetivas” para acusarlo. Entre otras, le criticó el hacer una “interpretación subjetivamente armada de desgravaciones de conversaciones telefónicas de absoluta ilegalidad; sin identidad y preservación probatoria”.

“Es evidente que el Dr. Medina no valoró correctamente la prueba del expediente, lo cual podría acarrear la nulidad del auto”, sostuvo en aquel momento el juez.

“Nunca, en oportunidad alguna, ya sea directamente de Miguel Farfán, o por interpósita persona, he recibido ofrecimiento o promesa, o cosa o dinero alguno, para que haga o deje de hacer algo propio de mis funciones de magistrado”, había dicho Solá Torino.

El juicio político fue avalado por el presidente del Consejo, Bunge Campos, los consejeros jueces Luis María Cabral y Miguel Ángel Gálvez, los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña, los diputados Oscar Aguad (UCR), Diana Conti (FpV) y Carlos Kunkel (FpV), los senadores Ernesto Sanz (UCR), Marcelo Fuentes (FpV) y Nicolás Fernández (FpV), el académico Mariano Candioti y la viceministra de Justicia, Marcela Losardo.



dju / dju
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