El Parlamento provincial aprobó en agosto de 2007 los juicios orales que deberían comenzar a regir en junio del año pasado. Pero la falta de una serie de leyes sobre la regulación de otros institutos impidió que se cumpliera esa fecha.
A mediados de febrero pasado, el gobernador Hermes Binner dictó un decreto por el cual fijó la entrada en vigencia parcial de los juicios orales para cinco delitos, que son los de enriquecimiento ilícito de funcionario público, tormentos y tortura con resultado de muerte, abuso sexual con resultado de muerte, homicidio calificado, y robo con resultado de muerte.
El juicio estará a cargo de los jueces Otto Crippa García, Julio César García y Antonio Sebastián Ramos, integrantes de a Cámara Penal de Rosario. Las fiscales serán Cristina Rubiolo y Adriana Camporini, mientras que la imputada tendrá dos defensores oficiales, Hector Ceconi y Emilio Delaux. La audiencia comenzará a las 8:30 y se prevé que el miércoles sean los alegatos de las partes.
El proceso se realizará en la sala de audiencias del fuero laboral ya que cuenta con medios para registrar todo el juicio, tal como exigue el nuevo Código Procesal, para el caso de que alguna de las partes quiera apelar.
“Este será el primer caso que en la provincia se juzgará en el marco de la reforma procesal penal, por lo que se trata para todos sus actores de un gran desafío: tanto porque es el primero, como porque los jueces, fiscales y defensores deben seguir adelante con el trámite escrito del resto de los procesos a su cargo”, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a través de un comunicado frente a la expectativa que genera el nuevo sistema.
Los juicios podrán ser llevados a cabo por tribunales colegiados o unipersonales. Cuando los delitos que se juzguen prevean penas de hasta ocho años de prisión el proceso estará a cargo de un solo magistrados. En el caso de una escala penal mayor, sí deberá actuar con tres jueces, como ocurrirá con el cado que comienza el lunes.
La entrada en vigencia del nuevo Código trajo otros cambios. Los fiscales ahora tienen a su disposición la acción y pueden pedir no continuar con la investigación. También se habilitó la figura del querellante para impulsar el proceso