El registro funcionaría en la órbita del Poder Ejecutivo provincial, a través de Subsecretaría de Política Social en coordinación con la Subsecretaría de Trabajo. Siendo el Ministerio de Bienestar Social la autoridad de aplicación. Y estará destinado a “todos aquellos liberados y/o egresados de las cárceles provinciales que se presenten al organismo de aplicación”.
Diariojudicial.com habló con Hugo Pérez, impulsor de la iniciativa quién explicó que “el proyecto apunta a favorecer la reinserción social”. En este sentido expresó que “son más los factores que los alientan a volver a delinquir, que a reinsertarse”.
Siguiendo con esta línea, el legislador pampeano dijo que “el delito en la provincia es de altísima reincidencia”, aunque recalcó “en la inseguridad hay muchísimo más para hacer que la mano dura”.
Otro punto interesante del proyecto es el referente a la obra pública. Pérez explica que La Pampa es una provincia en la que su política de generación de empleo se basa en la construcción. Cuestión que el proyecto prevé ya que consigna que “en toda obra pública estatal las empresas que se presenten deberán incorporar un diez por ciento de personas de este registro al plantel laboral”.
Además, los fundamentos de la iniciativa hablan del “síndrome de prisión”. Al respecto se dice que este “aparece cuando se recupera la libertad: la condición de ex presos les impedirá que sean contratados laboralmente. Llevan el estigma del condenado. Y si no tienen dónde ni de qué vivir, volverán a quedar al borde del delito. Esas personas deben aprender nuevamente el sentido del trabajo, adquirir hábitos y conductas socializantes”.
A nivel nacional
En la Cámara de Diputados hay algunos proyectos pero generalmente se encuentran vinculados a un endurecimiento de las penas de los delincuentes. No obstante, también existe una iniciativa que se ocupa de los “liberados”.
Un proyecto de Jorge Obeid propone crear un programa de asistencia económica al liberado en el ámbito de la Subsecretaria de asuntos penitenciarios. Esta iniciativa no se basa en una creación de un registro de trabajo, sino que posee un objetivo de orden más asistencial.
De ser convertido en ley, el programa otorgaría una asignación temporaria (seis meses) a las personas que cumplida su pena recuperen la libertad. Aunque quienes reciban esta asignación deberán cumplir con todos los requisitos que se estipulan para el régimen de libertad condicional o asistida.