“Los colegios o consejos de profesionales no son meros entes de derecho privado, sino verdaderos organismos de derecho público no estatal, aunque no integren la administración del Estado. Ergo, los fines que persigue son públicos generales y exceden lo meramente sectorial”, apoyó la entidad a través de una declaración que lleva la firma de su presidente, Carlos Andreucci, y su secretario, Horacio Vero.
Chaco y Santa Cruz son las dos únicas provincias del país donde la abogacía no está colegiada. En Chaco, en 1991 se sancionó una ley que creó la colegiación y el Colegio de Abogados. Pero un año después, la norma fue suspendida y desde entonces periódicamente se renueva.
Desde entonces la matricula de los abogados está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, ante donde juran los profesionales para ejercer la profesión.
La ley que suspendió la colegiación se renovó por dos años en los últimos períodos. El 2010 vence y desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia buscarán revertir la situación.
Para eso contaron recientemente con el apoyo de la FACA, que nuclear a 78 colegios de abogados de todo el país, que exhortó a los tres poderes de la provincia “a la adopción de los mecanismos legales pertinentes para la concreción a la mayor brevedad de este justo reclamo de la Abogacía Chaqueña, formulado a través de sus legítimos organismos de representación”.
La entidad resaltó que los colegios de abogados tienen varias funciones: “la admisibilidad en la matrícula, la imposición contributiva obligatoria y la potestad disciplinaria se le agregan funciones de vigilancia y control de proyectos legislativos o administrativos que inciden sobre los valores e intereses que deben tutelar”.
“Que pensar en la hipótesis de una actuación profesional, en cualquier jurisdicción, sin regulación alguna, es pensar en un anárquico desarrollo de individuos aislados, lo cual redundaría en perjuicio de los propios destinatarios del ejercicio profesional”, opinó la FACA al pronunciarse sobre el tema a mediados de septiembre en la Junta de Gobierno realizada en Posadas, Misiones.
“La experiencia ha indicado, además, que, para el ejercicio de los profesiones liberales, el control debe estar en colegios profesionales, garantizando la libertad e independencia de la defensa, evitando la engorrosa burocracia estatal que, en muchos casos se transforma en una máquina de impedir y en otros en garante del más absoluto desgobierno y anarquía”, concluyó la Federación.