La nueva ley, que tuvo media sanción en diciembre pasado en el Senado, permitirá equiparar la legislación provincial con la nacional en el cómputo de la pena para acceder a la excarcelación. Respecto de las causas múltiples, se sumarán las condenas para obtener el beneficio de la excarcelación.
La norma establece en sus fundamentos que el objetivo es “dotar a la Justicia de nuevas herramientas para que pueda actuar con la máxima certeza y equilibrio al momento de decidir sobre temas esenciales como es, entre otros, la libertad o el encarcelamiento de una persona”.
La iniciativa prevé también que en los casos que se cometen delitos con la participación de menores de edad, al momento de resolver sobre la excarcelación, se tenga en cuenta que el Código Penal agravó en un tercio la escala de la pena para estos casos. En esta línea, además agrega la obligatoriedad de realizar audiencias preliminares para el tratamiento de la prisión preventiva ante el requerimiento de las partes.
Salvo la bancada del ARI-Coalición Cívica, el voto favorable de los demás grupos políticos permitió consagrar los cambios procesales que bajaron al recinto con despacho de la Comisión de Legislación Penal, encabezada por el radical Juan José Cavallari. La reforma fue aprobada por el Frente para la Victoria-PJ, UCR, GEN, a los que se sumaron los diputados de Unión-PRO y del Peronismo Federal.
El proyecto generó modificaciones en más de 50 artículos del Código Procesal Penal.
El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, declaró a los medios locales que en la actual legislación "si alguien comete multiplicidad de robos o hurtos agravados, incluso teniendo en su haber antecedentes previos de condena, conservaría no obstante la posibilidad de ser excarcelado porque, individualmente, cada uno de esos hechos delictivos tiene una pena máxima inferior a ocho años de prisión".
En declaraciones a DiarioJudicial.com, Paula Litvachky, Directora del Programa Justicia Democrática del CELS, opinó: "El principal problema es que sigue limitando o tratando de restringir el uso de la concesión de excarcelaciones por parte de los jueces. Se sigue pretendiendo la aplicación de la prisión preventiva y que los jueces no puedan decidir concesiones de libertades o medidas alternativas".
Sobre el objetivo y las posibles consecuencias de la reforma, Litvachky dijo: “La reforma trata de homogeneizar la jurisprudencia en Provincia en relación con la aplicación de 41bis y 41cuáter del Código Penal para la determinación de la escala penal y por lo tanto la concesión o no de la excarcelación". "El primer problema serio es que siguen dándole el mensaje a los jueces de que apliquen o no la prisión preventiva de acuerdo con la escala penal, independientemente de los riesgos procesales", afirmó la representante del CELS.
Sobre la relación del actual sistema penitenciario y la nueva reforma, Litvachky explicó a DiarioJudicial.com que "en la provincia de Buenos Aires, alrededor del 75 por ciento de los detenidos esta con prisión preventiva, además hay más de 4000 personas detenidas en comisarías, por lo que las nuevas medidas si no son acompañadas por otras reformas, van a incidir directamente en la superpoblación del sistema penitenciario".
La Directora del Programa Justicia Democrática concluyó: "En realidad el tema de los agravantes ya viene siendo discutido a nivel nacional y provincial por problemas de constitucionalidad, el problema fue que engancharon el Código de Procedimiento al Código Penal".