Brevatas

La Cámara Electoral pide a jueces que informen sobre el control de financiamiento de campañas

La Cámara Nacional Electoral emitió una Acordada que apunta a resolver la falta de pronunciamiento de algunos juzgados federales electorales sobre la legalidad del financiamiento de las campañas presidenciales y legislativas de 2007 de varias agrupaciones políticas. La ley que rige el financiamiento de los partidos políticos (Nº 26215) establece plazos para que los jueces lleven a cabo los procesos de control patrimonial de las campañas electorales. Para que puedan cumplirse esos plazos, en el año 2008, la Cámara estableció pautas de procedimiento tendientes a “acentuar la celeridad en la actuación del Cuerpo de Auditores Contadores y a dotar de mayor agilidad a los proceso de control que la ley 26.215 impone llevar adelante” (Acordada 105/08). Sin embargo, estas pautas no son seguidas por algunos juzgados. En su acordada, la Cámara advierte en primera instancia aún se encuentran casos de 2007 sin resolver, como los que involucran a las principales campañas presidenciales, cuya fiscalización está a cargo del juzgado federal electoral de la Capital Federal.

Salta dio números para el año que viene

La Corte de Justicia de Salta remitió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial el proyecto de presupuesto correspondiente al período 2011. En concreto, el presupuesto estima un gasto de $ 314.870.599,84, solicitándose además que la ley de presupuesto de la provincia incluya la expresa autorización para que el Poder Judicial reinvierta los fondos que se recauden en cumplimiento de la ley 6667, cuyo monto se estima en 250.000 pesos y del arancelamiento de los cursos que se dictan a través de la Escuela de la Magistratura. El cálculo incluye los fondos para concretar la habilitación de los nuevos juzgados creados por ley 7624 en las ciudades de Cafayate y Joaquín V. González además del inicio de la construcción del primer módulo de la ampliación de la Ciudad Judicial en el Distrito Judicial del Centro. Asimismo, el presupuesto aprobado por Acordada 10732, incluye las previsiones para habilitar los centros de Mediación en los Distritos Judiciales del Norte y del Sur y la reorganización en el Distrito Centro; la integración de la Sindicatura Interna del Poder Judicial; además de la réplica de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) en los distritos judiciales del Norte y del Sur, entre otras metas. Así como continuar con el plan de informatización tendiente a la implementación del expediente digital. 

La FACA apoyó la decisión de la Corte por la Ley de Medios

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al reciente fallo emitido por la Corte Suprema en el marco de la de la causa sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La entidad que agrupa a 79 colegios de abogados de todo el país expresó que el Máximo Tribunal “resuelve en equilibrio el tema refirmando la independencia y la serenidad que la Justicia y el Poder Judicial deben a la sociedad aunque ésta pueda sufrir escaladas emocionales como las vividas en los últimos días”. Asimismo, el comunicado que lleva la firma de su presidente, Carlos Andreucci, realiza un llamado a que “respetemos pues la sentencia como decisorio de justicia ajustado a derecho y la independencia del Poder Judicial que construye más Estado de Derecho e institucionalidad”.

La mujer había sido denunciada por el senador Gerardo Morales

El juez federal de Jujuy Mariano Cardozo procesó a la dirigente social Milagro Sala, en el marco de una causa por amenazas y daños, a raíz de una denuncia que le iniciara el senador por la UCR Gerardo Morales, quien consideró que estuvo involucrada en el ataque que sufrió cuando fue a dar una charla en una asociación profesional de la provincia. Cardozo, que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su amistad con Morales, procesó a Sala a quien consideró prima facie autora de los delitos de amenazas (dos hechos) y coautora de amenazas y daño agravado en concurso real. Asimismo, el magistrado ordenó embargar los bienes de la dirigente social, hasta cubrir la suma de 70 mil pesos. En la misma resolución, el juez modificó los procesamientos de Ramón Salvatierra y María Graciela López, acusados por los mismos hechos.