Los integrantes del tribunal, Gerardo Larrambebere, Carlos Maria Andina Allende y Miguel Guillermo Pons, había propuesto que se unificaran las querellas representadas por la AMIA y la DAIA por un lado, Memoria Activa y por los Familiares y Amigos de los muertos por el atentado, nucleados en otra entidad, más cercana a línea oficial de la Comunidad, o al menos con una postura menos frontal.
El tribunal había solicitado que "se unifiquen las personerías", pero los abogados Alberto Zupp y Pablo Jacoby representantes de Memoria Activa presentaron hoy un escrito en el cual descartaron esa posibilidad al sostener que los bienes afectados "son bien diferentes a los de las querellas de DAIA y la AMIA" ya que "en nuestros casos se trata de vidas humanas, gentes de carne y hueso, y en el otro son bienes materiales paredes y ladrillos".
En concreto, el rechazo a la unificación sostiene que "no existe comunidad de intereses entre las tres querellas, por lo que el régimen debe continuar como en la actualidad".
Sin embargo, el documento no hace mención a la otra entidad de familiares y se desconocen por el momento cual será la actitud que adoptará esta última entidad.
El acento del texto presentado hoy está puesto más en las diferencias que se profundizaron con respecto al análisis que hicieron ambas partes sobre la tarea del juez Galeano.
En tal sentido, los abogados recordaron que ellos se constituyeron como "un grupo político independiente que actuó como fuerte cuestionador de las grandes falencias de la investigación judicial y de la acción del juez", quien "gozando de un incomparable apoyo político", evidenció una "carencia de sentido común en la forma de llevar adelante la investigación".