Las comisiones de Legislación Penal y Finanzas de Diputados retomaron el análisis del proyecto de ley contra el lavado de dinero y lograron un dictamen de mayoría para llegue al recinto.
La modificación que realizaron diputados de la bancada oficialista al proyecto de Ley contra el lavado de dinero, adecuada a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), consiguió dictamen de mayoría en las Comisiones de Legislación Penal, presidida por Alfonso Prat Gay, y de Finanzas, cuyo titular es Juan Carlos Vega.
Esta normativa, llevada a cabo por el oficialismo, tiene base en el proyecto presentado el año pasado para modificar la tipificación del delito de lavado, logrando de esta forma eliminar la restricción que une a esa figura al acto de encubrir ilícitos cometidos por otros, que en la actualidad impide la persecución penal del "autolavado".
A su vez, los legisladores opositores presentaron un proyecto que une las propuestas de Ricardo Gil Lavedra, Horacio Piemonte y Federico Pinedo, que no logro recolectar la mayoría necesaria contra el decreto oficialista,
El proyecto oficialista además incorpora la posibilidad de que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en las causas de lavado. En el texto, está contemplado en el artículo 14 bis a la Ley N° 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Asimismo, el organismo será el encargado del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir la financiación del terrorismo y el lavado de activos provenientes del tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, el contrabando de armas, las actividades de una asociación ilícita, los delitos contra el Estado, la prostitución de menores y pornografía infantil; y la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria".
En el mismo orden, los jueces que estén involucrados con este tipo de causas pueden suspender la orden de detención de una o más personas, suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado o diferir la ejecución de medidas de carácter coercitivo o probatorio.