De Santibáñes salió anoche a aclarar, durante la emisión de los programas “Hora Clave” y “Día D” que esos fondos detectados por la SIGEN no habían desaparecido sino que habían sido mantenidos en una cuenta, y que con ellos se pretendía pagar las deudas de la central de los espías con las compañías telefónicas.
Sin embargo, sus consideraciones respecto del futuro de la Alianza gobernante aceleraron su alejamiento del cargo y a primera hora de hoy le presentó la renuncia al presidente Fernando De la Rúa.
Tanto Ricardo Monner Sans como Juan Carlos Iglesias, ambos abogados, coincidieron en los argumentos de estas dos denuncias presentadas en forma independiente. La de Monner Sans quedó radicada en el juzgado Criminal y Correccional 12, a cargo de Gustavo Literas, mientras que la de Iglesias fue sorteada y quedó en manos de Jorge Urso, magistrado del juzgado 8 del mismo fuero.
“El Poder Judicial de la Nación, cualquiera sea el juicio de valor que algunos miembros de la judicatura nos puedan merecer, es el que tiene la atribución de conocer y decidir sobre leyes de la nación”, dijo Monner Sans citando el artículo 116 de la Constitución, al opinar respecto de la investigación que inició la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y que fue enviada para su ampliación a la Oficina Anticorrupción, dos órganos delegados del Poder Ejecutivo que tienen en su conducción a los frepasistas, Rafael Bielsa y José Massoni, respectivamente.
Por su parte, Iglesias basó su presentación judicial en la presunta maniobra de de Santibáñes, que “le ocultó a la SIGEN varias cuentas hacia las que se desviaron fondos a pesar de las instrucciones del Presidente Fernando de la Rúa, una de ellas secreta, en la que se detectaron 22.300.000 dólares”.
Para Monner Sans, “cuesta entender el desvío de fondos afectados a sueldos para pagos de servicios telefónicos en la medida en que surgiría una innecesaria ocultación”, quien además agregó en su presentación que “hay que convocar al principio de la defensa constitucional: la democracia se asienta en el manejo de la cosa pública”. Por su parte, Iglesias advirtió que “atento a que se trata de un hecho grave, ilícito e independiente, es peligroso por razones de encubrimiento que el hecho no sea puesto en conocimiento del juez”.
El delito de malversación de caudales públicos por el que los abogados denuncian al polémico funcionario tiene prevista un pena máxima de tres años, aunque con sus agravantes podría llegar a diez.