Después de una rápida salida de Comisión y un debate donde se mostró el apoyo a la iniciativa, finalmente se convirtió en Ley el proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia sobre lavado de activos.
Con la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional acercándose (será el próximo 20 de junio), el Ministerio de Justicia precisaba de la sanción de una medida que evitara que la Argentina fuera sancionada por el organismo debido a las políticas contra el lavado de dinero que poseía la Argentina.
Por eso, el pleno de la Cámara Alta se reunió este miércoles y convirtió en ley el proyecto sobre lavado de activos, un pedido que el ministro de Justicia Julio Alak había solicitado en reiteradas ocasiones a los legisladores.
“No hay condenas por lavado por la levedad del tipo Penal”, aseveró Alak ante diputados de la Comisión de Justicia, en abril de este año, cuando junto al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sabtella, pidió “concientización del Poder Judicial para transitar estas causas”.
La presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, se quejó por tener que aprobar la Ley “a contrarreloj”.
La legisladora remarcó que “el GAFI pidió estos ajustes desde 2004. El antiguo y el nuevo jefe de Gabinete, cuando iban a las reuniones, señalaban que desde la entidad no se pedían recomendaciones, que estaba todo "maravilloso". Ahora nos dicen que si antes del 20 no hay ley, Argentina puede ser sancionada”.
Asimismo, los senadores dieron media sanción a un despacho con modificaciones a la medida que fueron solicitadas por las cámaras empresarias y de profesionales.
En este orden, una de las medidas que se discutió fue a raíz del pedido de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), que en mayo llegó a un acuerdo con la UIF para realizar modificaciones, como establecer que los reportes de las operaciones sospechosas serán a partir de los seis millones de pesos.
Por otra parte, Miguel Ángel Pichetto afirmó que “la UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo. No es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del Gobierno frente a temas externos e internos. Colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz”.
Con respecto al despacho, Escudero opinó sobre las facultades de la UIF y dijo que “esta ley no busca crear otra AFIP para cobrar impuestos sino la persecución de delitos graves referidos al crimen organizado”.
Es que en el dictamen, elaborado por la senadora, Gerardo Morales y Ernesto Sánz, se estima que los delitos previsionales y contra la seguridad social son de “evasión previsional agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios fiscales y asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios”.
En tanto, Julio Alak hizo sus primeras declaraciones: “Hoy hemos dado pasos gigantescos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Argentina, y hemos dado fuertes señales al mundo que ratifican nuestro compromiso soberano en esa materia”.