"El juego clandestino no puede funcionar sin que la policía lo encubra y sin que el poder político lo acepte”
Dju: Se dictó una resolución para cerrar la llamada "megacausa" del juego clandestino, pero apeló el Fiscal de Estado y el Fiscal de la causa. ¿Hay esperanzas de que siga la investigación?
RCM: Lo que podemos decir es que el tema está planteado nuevamente en la sociedad y en la sociedad judicial fundamentalmente. A partir de estas noticias se hicieron dos procedimientos importantes en una agencia de apuestas hípicas de la ciudad de Olavarría donde hay personas detenidas hasta el día de hoy, calificando el accionar también como defraudación a la administración pública, que es el desvío de las apuestas oficiales que deben ingresar a través de las agencias de loterías de la provincia y por ende del Estado. La investigación sigue firme en cuanto a juego clandestino como defraudación a la administración pública por este tipo de accionar, calificación que yo había dado cuando estaba a cargo de la instrucción.
Dju: ¿La cámara que decidió, respecto de las apelaciones en torno a la "megacausa"?
RCM: No conozco hasta ahora ningún tipo de resolución. Si, he podido leer con agrado la participación del fiscal de Estado y de los fiscales y de la cámara de agencieros, tanto de la Nación como de la Provincia, manifestando la preocupación que tienen sobre el tema. También podemos agregar el accionar de un fiscal en Mar del Plata que junto con el juez de Garantías investigan una causa con cuatro personas detenidas, cuya carátula es defraudación a la administración pública, vinculados al juego clandestino. Vale decir que hay distintas voluntades en diferentes partes de la provincia donde están encuadrando este accionar dentro de la figura de defraudación.
Dju: ¿Por qué usted dijo, en el momento de conocerse el sobreseimiento, que sentía "nauseas?"
RCM: Son expresiones "en caliente" o en el momento de enterarse de un sobreseimiento en una causa con dos años de duración y más de 250 procedimientos, con más de 200 detenidos entre civiles y policías, y haber metido tanto de uno en cuanto a esfuerzo. Lo que pasa es que es sencillo: No se puede accionar sin que la policía lo encubra y sin que el poder político lo acepte. Cuanto menos, y lo hemos tratado de demostrar, hay quienes cobran plata por ello dentro de la policía y dentro del poder político. No puede ser que el poder judicial mire para el otro lado y que nosotros los judiciales no entendamos la realidad.
Dju: ¿También hay complicidad de la gente que decide apostar al juego clandestino?
RCM: Si nosotros hacemos una diferencia ontológica entre falta y
delito no vamos a llegar a nada. Por que hay sanciones por faltas que son
mucho más duras que los delitos. Se puede detener a una persona por un
lapso mayor por una contravención que por un delito. La cosa no pasará por
allí, sino lo que nosotros tratamos de demostrar es que se trata de una
organización delictiva. Tomando los casos individuales y concretos de "doña
Rosa" yo sostengo que es una infracción. Para eso está el decreto ley 8031.
Pero hay una defraudación de tres millones y medio diarios que se están
perdiendo de quiniela y que la provincia está perdiendo. La Constitución
provincial en el artículo 37 dice que el monopolio del juego lo tiene el
Estado. Si no es así qué se modifique la Constitución. Mientras tanto,
hay que cumplir la ley. Este monopolio lo tiene el Estado: ¿Por qué? : por
que a través del juego la plata tiene que ir para Acción Social. No llega
y se pierde la Provincia de manejar tres millones de pesos por día. En el
momento que tomamos la investigación, allí por el 98, se recaudaban en forma
diaria entre un millón y medio y tres millones de pesos de quiniela.
Nosotros logramos aumentar la recaudación oficial en dos millones diarios -en el apogeo de la investigación y cuando hubo una decisión política de Duhalde de apoyar y la cámara penal estaba integrada por los doctores (Benjamín) Sal Llargués y (Horacio) Piombo actuales jueces de Casación y (Juan Angel) De Oliveira, actual subprocurador, con el aval de ratificar la calificación-, pero luego declinó. Ahora hay una decisión política fuerte de combatir el
juego clandestino. No puede ser que se juegue tan fácil en forma
clandestina, porque esto se reduce a la impunidad.
Dju: El apoyo que dio Ruckauf a la lucha contra el juego clandestino es de igual o menor intensidad al otorgado por Duhalde?
RCM: Son distintos momentos procesales. A raíz de la reforma no
tengo más la instrucción de las causas y como Juez de Garantías no tengo más
actuación en el proceso. El doctor Ruckauf ha manifestado públicamente su
voluntad de interesarse sobre, eventualmente, una privatización del juego.
Sabemos que gran parte del juego está privatizado en el sistema de control,
el sistema "on line", el sistema de las tragamonedas o de algún otro tipo de
maquinarias. El resto es del Estado. Los casinos son del Estado, por que
así lo dice la segunda parte del artículo 37 de la constitución provincial.
Entonces sería cuestión que entre los distintos sectores se pusieran de
acuerdo en reformar o no la Constitución y que sea de conveniencia o no para
el Estado la privatización. Esto es una cuestión numérica y una cuestión
de decisión política sobre el rumbo a seguir. Nosotros desde el Poder
Judicial podemos decir que hay que cumplir con la ley y hoy la ley dice que
el monopolio del juego lo tiene el Estado.
(N de la R: Artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley.
La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse, en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica.
La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior.”)
Dju: ¿Entonces el privado, como concesionario del juego, controlaría que no hubiere juego clandestino?
RCM: Sería una lucha de los clandestinos contra los privados. Y no contra el Estado. Acá lo interesante es que el Estado demuestre que debe y puede controlar.
Dju: Hubo precisamente en esta causa un revuelo cuando se llegó a decir que en la Legislatura había algún tipo de relación con el juego. ¿En que quedó todo eso?
RCM: Solamente en aquella causa, la 1707, lo que se dijo y se
demostró fue un entrecruzamiento telefónico con los distintos números de la
Legislatura de la Cámara de Diputados de la provincia, donde oportunamente se
dieron los números y despachos, desde donde se hablaban reiteradamente y se
entrecruzaban los teléfonos con diferentes capitalistas de la zona, es decir
de La Plata. Solamente fue eso, por que no hubo una intervención telefónica,
por que parte de la investigación radicaba en demostrar los contactos de
esta gente y como operaban. No solamente hablaban a la Legislatura y a
distintos ministerios, sino que también a lo que eran los juzgados de faltas
policiales, que eran los órganos de contralor y de aplicación y de algún tipo
de sanción entendiendo que esto (por el juego) se trataba de una falta
contemplada en el decreto 8031. Entonces lo que tratábamos de demostrar es
el conocimiento de la gente. Entonces en el libro que yo escribí sobre el
tema, cité las palabras de Discépolo cuando dijo "solamente tuve el coraje de
expresar en alta voz todo lo que los otros piensan en silencio". Esto es una
realidad. Lo sabemos todos.
Tal vez la gente no sepa que se manejaban tantos millones de pesos por día
y que quedan en manos de pocos. Esta es la gran diferencia.
Dju: ¿Qué fue de aquél equipo policial especial que se formó para combatir el juego clandestino y que realizó más de 200 operativos en la Provincia?
RCM: No quedó nada. Fue desbaratado. Fue anulado. El oficial que realizó la mayoría de los allanamientos sigue siendo oficial. Uno de los oficiales presos por el juego clandestino hoy es comisario. El director de ese equipo pasó a retiro. Y muchísimos fueron trasladados a más de cien kilómetros de La Plata, con diferentes intervenciones. O sea que pareciera que cierta gente de la institución policial no fue pagada con el mismo rigor que sufrió a la gente que le trabaja a favor de la verdad y a favor de la Justicia.
Dju: Esto quizá responde a la siguiente pregunta, sobre que señales da hoy la policía para combatir el juego clandestino.
RCM: A mi no me interesa la señal que dé. A mí me interesa que se trabaje y se combata, desde el Poder Judicial y con algún auxiliar, sea o no de la policía.
Dju: Cambiamos un poco de tema. Hace dos años que está vigente el nuevo Código Procesal Penal en la Provincia. Muchos dicen que hay quienes extrañan el viejo sistema inquisitivo. ¿Usted se considera uno de ellos?
RCM: No. No se trata de extrañar al viejo sistema inquisitivo. Es una pena que se haya perdido tanta inversión en formación de funcionarios judiciales para que de la noche a la mañana, sin preparación previa, y sin hacer una reforma en serio e instrumentarla en serio haya caído en manos de gente cuanto menos inoperante, inexperta y pruebas al canto están en los resultados, en las estadísticas, la sensación de la gente, su sufrimiento y la falta de contención de este sistema judicial, que se trató de llevar a cabo. Y digo "trató" por que en la ciudad de La Plata se arrancó con dos juzgados de garantías donde hoy, a casi a dos años ya de la reforma, tenemos más de cuatro mil causas en trámite con cuatro empleados. Si esta voluntad fue para mejorar el sistema anterior, de hecho, materialmente es imposible. Nadie puede ir en contra de los adelantos, de la oralidad, de todos los discursos hermosos y tal vez buenos, pero la única verdad es la realidad. Esto es como hacerse un traje a medida: no se sabe si te va a quedar bien o mal, pero seguro que hay que tener la plata para comprar la tela y pagarle al sastre, por que si no nunca vas a tener el traje. Y acá se lanzó una reforma, tal vez por una cuestión electoralista, en forma anticipada, sin prever las consecuencias. Se han nombrado cualquier cantidad de funcionarios sin tener un control de gestión.
Dju: ¿Le molestan las críticas que se hacen desde la Procuración cuando dicen que algunos jueces de Garantías se ponen en Directores del Proceso, en este nuevo sistema donde el fiscal tiene la responsabilidad de la Investigación?
RCM: Indudablemente lo debe decir con algún fundamento el señor
Procurador (Eduardo) De la Cruz. También he escuchado parte de la reforma
propuesta por él, quien tiene una responsabilidad muy grande en esta
reforma. El Ministerio Publico tiene la acción y la instrucción de todas
las causas. No cuenta ni contó con los medios teóricos necesarios que los
fiscales lloran a gritos y necesitan, como movilidad, autos y personal.
Manifiestan que tienen practicantes y que no tienen la cobertura que
debieran tener como para funcionar conforme a lo que ellos quisiesen. Darle
mayor facultades a los fiscales pudo haberse hecho de entrada en la reforma.
Si (los fiscales) quieren allanar, si quieren detener sin una
participación activa del juzgado de Garantías hay que reformar la
Constitución. Esto no es una cuestión de caprichos. Acá hay que respetar la ley. Yo no extraño
ningún sistema. Me puedo adaptar o no me puedo adaptar. A los camaristas que
tenían una gran experiencia en los juicios orales los pasaron como cámaras
de Garantías escritas, prácticamente la nada jurídica. Es gente que está
preparada hace rato para la oralidad, con más de veinte años de experiencia,
que no se comen sapos tan fácil. A nosotros que fuimos formados para instruir, nos
cuesta de la noche a la mañana tener otra función. Pero esto no es
criticable hacia la figura ni del Procurador ni de los fiscales. Pruebas al canto: ¿Cuántos delitos de defraudación hay investigados?, ¿cuántas bandas hay presas? . No hay delitos económicos investigados y con
gente presa. Estamos haciendo una política de detención de gente que está
marginada o excluida de la sociedad.
Dju: También desde inicios de este año hubo otras reformas instrumentadas por el gobernador Ruckauf ¿Qué balance se puede hacer al respecto?
RCM: Se ha reformado fundamentalmente la ley de excarcelaciones que
se ha incorporado al código. Se atacó un efecto y esperemos que haya una
reforma o una congruencia dentro de esta ley, dado que muchos artículos
tienen incongruencia y mensajes esquizofrénicos. Hay que atacar la causa.
No nos quedemos con los marginados ni con los enfermos drogadependientes ni
con los perejiles ni con los chicos que roban un stereo y con los que la
policía se choca. Hoy nos estamos dando cuenta de robos importantes a mano
armada. Hay bandas de blindados, hay secuestros y delitos organizados y
robos a bancos que no están siendo combatidos desde el Poder Judicial a
través de una dirección real.
Dju: ¿Y que piensa sobre el régimen de salidas transitorias que tuvo tanto revuelo con la salida de Alejandro Puccio?
RCM: Esto es una falta de control de varios sistemas. El régimen está descontrolado, desorganizado. No funcionan estas cosas como debiesen funcionar. Creo que hay que tener un trato más personalizado sobre los casos de salidas transitorias y debiera ser algo más transparente y más profesional. Fijémonos que seguramente en muchos de los robos importantes y que tuvieron trascendencia nacional, algunos de sus autores fueron mal puestos en libertad, por no tenerse un verdadero control desde la justicia y desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.