Google Gate

La denuncia original fue presentada por el abogado Adolfo Martín Leguizamón Peña y se encuentra dirigida hacia dos magistrados de la Cámara Civil, Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat; y dos de la Cámara Civil y Comercial Federal, Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan.
 

Los jueces civiles denunciados, integrantes de la sala D,  fueron los que revirtieron una resolución favorable en primera instancia a una representada de Leguizamón Peña, por la que se había condenado a pagar 100 mil pesos en concepto de daños a la imagen. 

 

En aquella oportunidad los camaristas consideraron que "no basta que la información o el contenido existente en la web y encontrado a través de los buscadores sea erróneo y aún lesivo para el honor, la imagen o la intimidad de una persona para que ésta tenga derecho a que le sea reparado el perjuicio causado", sino que quien "pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el buscador".
 

La mencionada causa, “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ Daños y Perjuicios” –expediente 99620/2006-, actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia tras la presentación de un recurso extraordinario. El último movimiento, según consigna la página del Máximo Tribunal -expediente 561/2010- indica que está en manos de la Procuración General para que emita dictamen sobre el tema.
 

Cabe recordar que en marzo del 2009 se rechazó un recurso de hecho presentado en el marco de la causa “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina y otro s/ daños y perjuicios” por parte de la empresa Google, aunque en referencia a la competencia en el marco de esa causa. Este expediente se archivó en febrero del 2010.

 

Los magistrados denunciados también participaron de la sentencia conocida hace pocos días, donde nuevamente revocaron un fallo de primera instancia con un reclamo similar en favor de la actriz Paola Krum.
 

Estos dos vuelcos procesales en la definición de las causas patrocinadas por Leguizamón Peña,  lo impulsaron a presentar la denuncia contra los magistrados actuantes. El fiscal Federico Delgado,  tras la vista corrida por el juez federal Sergio Torres, formuló  el requerimiento de instrucción correspondiente.
 

Diariojudicial.com dialogó con Leguizamón Peña,  quien sostuvo que en aquella sentencia “el juez manifiesta que la causa se da precisamente por la vinculación de la actriz con los sitios de contenido sexual. Luego, en el considerando, el magistrado dice que no existen dudas de que el nombre de Paola Krum se vincula con sitios pornográficos”. 
 

Asimismo “el juez concluye que en este caso se dan todos los supuestos de la responsabilidad que se le puede achacar a los buscadores, que son el daño, la antijuricidad, la aberración de causalidad entre el hecho y el daño y el factor humano pero afirma que los buscadores no tienen responsabilidad por los contenidos de los sitios de terceros”.

 

“Lo que se cuestionó en ese expediente son los vínculos y enlaces que permiten identificar el nombre de Paola (por Krum) con sitios pornográficos”. “Yo no cuestioné los contenidos, cuestioné los resultados de la búsqueda”, precisó el letrado denunciante.
 

En tanto, quien fuera abogado de Google durante el proceso que involucró a la ex integrante del grupo Bandana, contra el conocido motor de búsqueda, Juan Pablo Bonfico, consultado por Diario Judicial afirmó: “no conozco de lleno el dictamen del fiscal, pero cuando trabajé para la empresa y durante ese proceso, considero que los jueces actuaron de forma correcta, entiendo que no hubo ninguna falta de precisión en sus decisiones”.
 

Según el denunciante, funcionarios y magistrados del fuero civil concurrieron a una reunión realizada en las oficinas de Google Inc en Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires con fecha 1 de septiembre de 2009, pocos días después del fallo de primera instancia en la causa de la ex integrante de Bandana.
 

Al conocer que iba a realizarse el mencionado encuentro, Leguizamón Peña decidió filmarlos y aportó el video a la Justicia. 

 

Sin embargo “el denunciante indicó que del video no pudo confirmar si se observa a los magistrados denunciados pero sí pudo reconocer a un integrante de la Sala “A” de la Cámara Civil –Dr. Ricardo Li Rosi- y al Secretario del Juzgado Civil y Comercial Federal n°1, Secretaría n°2 –Dr. Eugenio Raffo-“. A lo que agregó que “a cada uno de los concurrentes a dicha reunión, la empresa Google les había obsequiado un Ipad”.
 

Dijo el fiscal: “La investigación se centrará en determinar si algunos jueces del fuero civil y comercial federal de esta ciudad y del fuero civil de esta ciudad dictaron ciertas resoluciones, en el marco de expedientes sometidos a su competencia, que beneficiaron o favorecieron a la firma “Google” de Argentina, a cambio de la entrega de dádivas y/o dinero por parte de la empresa mencionada.”
 

Entre las medidas de prueba que solicitó al juez está, si se observan magistrados o funcionarios del Poder Judicial en el video aportado, nada menos que el allanamiento de sus despachos, el secuestro de sus computadoras, agendas y cualquier otra documentación que los pueda vincular con Google.
 

Por su parte, el abogado patrocinante de Leguizamón Peña, Aníbal Mathis, aclaró con respecto a la denuncia que presentaron junto a su patrocinado: “El doctor (por Leguizamón Peña) me había comentado que desde la empresa Google estaban realizando acciones para tratar de cooptar la voluntad de los magistrados”.
 

“Luego me contó que se enteró que Google había organizado una reunión con jueces y que los llevaron a conocer la empresa. Hay un video en el que se los puede ver subiendo a un micro alquilado que los llevó hasta las instalaciones de la compañía. Más tarde, un empleado judicial nos contó que les regalaron Ipads”, consignó el abogado.
 

Asimismo se consigna que el denunciante explicó que “por boca de diversos magistrados del fuero civil llegó a sus oídos el rumor que el contenido del voto realizado por Patricia Barbieri –en el expediente “Da Cunha”- se modificó a último momento”.
 

El abogado Leguizamón Peña actualmente tiene presentados ante la Justicia 130 casos de contra los buscadores Google y Yahoo por daños y perjuicios. Una medida para mensurar el interés profesional del letrado en el progreso de estas acciones lo representa la regulación de honorarios que tuvo en el caso Da Cunha en primera instancia: $ 39.150.
 

Sin calcular los eventuales pactos de cuota litis que el letrado pudiera tener con sus clientes, los 130 casos contra los buscadores podrían reportarle al profesional, solamente por regulación de honorarios en primera instancia, una suma superior a los 5 millones de pesos.
 

“Mis clientes no son sólo personalidades del ámbito del espectáculo, hay jueces, abogados, empleados judiciales, funcionarios, médicos, psicólogos, empresarios, banqueros y una importante empresa automotriz” reveló.