La Procuración de Río Negro pidió datos de presupuesto para presos y liberados. Su titular, Liliana Piccinini, le envió al STJ provincial un pedido de información para certificar que las personas privadas de su libertad estén viviendo en "condiciones dignas".
La crítica fue certera y fuerte: el Ministerio de Gobierno de Río Negro mostró una “gran dosis de impertinencia” al informar acerca del presupuesto que maneja el Instituto de Presos y Liberados de esa provincia.
Es que la procuradora general rionegrina, Liliana Piccinini, elaboró un dictamen dirigido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de su provincia debido a que el pedido sobre los manejos del presupuesto estaban acompañados de anexos que solo mostraban fotocopias de recibos, constancias de entrega o facturas de diversos artículos pero no información detallada.
Según indicó la funcionaria, de la documentación ofrecida por el organismo estatal “se desprendería la probable entrega a los beneficiarios de rubros tan disímiles como par de zapatillas, kits de aseo, módulo alimentario y tarjeta telefónica”, afirmando que eso “no satisface mínimamente la finalidad de lo requerido”.
“El objeto sobre el que discurre la acción se focaliza en la ausencia de aplicación de recursos suficientes para dar cumplimiento a la política de Estado consistente en procurar el encierro en condiciones de dignidad y promover las acciones y programas destinados a restablecer vínculos familiares, como también la preparación (reinserción) para la vida libre”, sostuvo Piccinini.
A su vez, recordó que desde la Procuración requirieron precisiones en el informe del Instituto de Presos y Liberados pero “todas ellas direccionadas a alcanzar el objetivo de conocer, más allá del discurso contenido en los informes arrimados, en el que se definen políticas y acciones, cuales son recursos aplicados a esos fines, su suficiencia y el criterio de distribución”.
Finalmente, estimó que “nuevamente me veo constreñida a solicitar que se requiera el obligado informe al Ministerio de Gobierno de la provincia, a fin de que su titular especifique los montos asignados al programa presupuestario del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, con las correspondientes partidas, su nivel de ejecución durante el presente ejercicio y detalle de distribución del gasto”.