La Corte Suprema provincial presentó la estructura judicial para realizar la transición al nuevo sistema oral y público. Eso sí: el 70% de los jueces penales seguirán usando el viejo sistema.
Santa Fe está llevando a cabo la transición del sistema inquisitivo y escriturado a uno oral y público. El trabajo es llevado a cabo de forma interinstitucional, con la labor conjunta del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, y es en este sentido que el máximo tribunal provincial se pronunció acerca del cambio que se planea llevar a cabo.
Por eso, a través de una acordada, la Corte Suprema santafesina precisó la estructura judicial necesaria para llevar a cabo el cambio de sistema. Entre otras cuestiones, en el documento, los ministros del órgano de Justicia señalaron la necesidad de incorporar 26 nuevos magistrados, no resignar fiscales o defensores y, como dato central, precisaron que solo el 30% de los jueces pasará en esta etapa al nuevo régimen penal.
De esta forma, el tribunal responde a las exigencias planteadas de acorde a la normativa sancionada en febrero de este año en relación al rol que debe cumplir en el traspaso de sistemas. En el documento quedan delimitados los distintos grados de responsabilidad que operan para las instituciones de los tres poderes.
También se entendió que se suscitarán algunos problemas en lo relativo a la tramitación de las causas iniciadas antes de la transición. Desde la Corte advirtieron que “resultará conveniente efectuar periódicos reajustes en función de la fecha en que efectivamente tenga inicio el período de transición y durante el mismo”.
“A medida que vaya ocurriendo la lógica disminución de la carga de trabajo de los juzgados que se avoquen al tratamiento de las causas iniciadas con anterioridad a la puesta en marcha del nuevo sistema penal, y (con) el correlativo aumento de trabajo de los tribunales del nuevo sistema”, explicaron los ministros.
Afirmaron también que para lograr “el pleno funcionamiento del sistema procesal penal, aún en su etapa inicial, resulta inexorable que en todos los asentamientos judiciales que en la actualidad cuenten con juzgados con competencia en lo penal – tanto de primera como de segunda instancia – exista una cantidad de cargos judiciales suficientes como para la conformación de los Colegios de Jueces que exige el nuevo Código Procesal Penal”.
La acordada precisa, Juzgado por Juzgado, dónde son necesitados los 26 magistrados que requieren al Poder Ejecutivo. Esperan encontrar esas posiciones cubiertas “a la fecha del inicio del período de transición, lo que, por otra parte, requerirá en ese mismo momento de la cobertura de los cargos de apoyo y de la previsión presupuestaria de los gastos de infraestructura y funcionamiento que sean necesarios”.
Asimismo, aseveraron que “en aquellos Distritos Judiciales donde se desempeñen cuatro magistrados en el fuero penal de Primera Instancia, dos de ellos actuarán exclusivamente en el Sistema de Conclusión de Causas (en el viejo modelo), y los dos restantes se dedicarán exclusivamente al Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
“En estos casos, cuando sea necesario constituir Colegio de Jueces de Primera Instancia, el mismo será integrado por los dos jueces del nuevo sistema procesal penal y, excepcionalmente, por dos del sistema de conclusión de causas. Asimismo, cuando sea necesaria la constitución de un Tribunal Oral Pluripersonal, el mismo será integrado por los dos jueces del nuevo sistema procesal penal y, excepcionalmente, por uno del sistema de conclusión de causas.”