La Suprema Corte bonaerense y 12 universidades de toda la provincia firmaron un convenio para establecer prácticas profesionales para los estudiantes avanzados de Derecho. Así se incorporan a un sistema que ya es utilizado en la Ciudad de Buenos Aires.
El estudio del Derecho sirve para conocer, en el plano teórico, todas las cuestiones relativas a la Justicia y sus códigos, normas y leyes de regulación, entre otras cosas. Pero hay una arista que resulta indispensable a la hora de incorporarse al mundo laboral, al lugar donde en concreto se aplican estas premisas. Es ahí donde radica la importancia de una práctica profesional.
Por eso, y teniendo esto en consideración, los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) firmaron varios convenios junto a 12 universidades provinciales para que puedan implementar este sistema en el ámbito de la Justicia provincial.
A la suscripción de los documentos se adhirieron, como representante del máximo tribunal provincial, su presidente, Eduardo Néstor de Lázzari, y por parte de las entidades educativas participaron rectores, decanos y directores.
En este sentido, Lázzari aseveró que esta iniciativa es “altamente positiva”, agregando a su vez que a través de "las personas de carne y hueso, las historias y conflictos de todo tipo que encierran los expedientes", los estudiantes tendrán la oportunidad de "tener un contacto directo con la vida real".
Asimismo, destacaron que el acuerdo no incluye solo a estudiantes de abogacía sino también a gente de otras disciplinas que pueden llegar a ser inherentes al Poder Judicial y cuya experiencia les pueda servir de ayuda y complemento.
De acuerdo a lo estipulado en la firma de los convenios, donde también participó el ministro de la SCBA, Julio Pettigiani, las prácticas tendrán una duración de seis meses, pudiendo celebrarse una extensión de hasta un año. Funcionarán bajo la administración de la Secretaría de Personal del máximo tribunal provincial y serán puestas en funcionamiento a lo largo de todas las jurisdicciones o donde sea requerido.
Los firmantes, de parte de las instituciones educativas, fueron por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, el decano Hernán Gómez; por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, la decana Edith Alba Pérez; por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la decana Magister Elba Verónica Cruz; por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el decano Lucas Liendro Kapustik.
Por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la decana María del Carmen Ortega; por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza, el decano Eduardo Rubén Rolleri; por la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste -Director Marcelo Cristian Sena.
Por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, el decano Eduardo Víctor Lamenta; por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el director Decano Andrés Bouzat; por la Universidad de San Andrés, el rector Carlos Rosenkantz; por la Escuela de Abogacía de la Universidad Argentina John Kennedy, su director Ricardo Ángel Basílica; por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina, el decano Diego Olivera Zapiola.