Gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la Justicia de Familia y la cartera de Defensa de Entre Ríos se logró evitar que un recién nacido fuera entregado a dos personas que no eran sus padres con una identidad adulterada.
“Las entregas directas son ilegales; los niños, niñas y adolescentes no son ´cosas´, no están en el comercio, no se pueden comprar, vender ni regalar. Los niños, niñas y adolescentes son personas y como tales tienen dignidad y derechos conforme a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y la Ley 9.861”, afirmaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.
Se referían, más precisamente, a un caso en el que distintos actores pudieron evitar la entrega a dos personas de un recién nacido con identidad adulterada. Quienes llevaron a cabo la iniciativa que pudo evitar la situación de claro tinte ilegal fueron los integrantes de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa, junto a la Justicia de la Familia de esa provincia.
El menor nació a mediados de mayo y gracias a las gestiones de los órganos mencionados se pudo detectar la irregularidad que guió a los involucrados en el caso: el acompañamiento de una pareja de Buenos Aires a una parturienta en una clínica de Concordia. Gracias a las pericias realizadas con presteza, la madre del niño y los apropiadores fueron imputados penalmente.
Todo surgió a raíz de la denuncia entablada por las autoridades de una clínica privada de la localidad entrerriana, quienes notaron el “particular” acompañamiento de una parturienta de clase baja por parte de la pareja de la provincia de Buenos Aires.
Ante esta situación, la Justicia de Familia de Entre Ríos actuó inmediatamente y junto al personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se movilizaron hasta el establecimiento para cerciorarse de la situación y trabajar en ella.
Frente a esta situación, la pareja bonaerense intentó desligarse de cualquier tipo de responsabilidad, alegando que el hombre era el padre de la criatura. En este sentido, intentó dirigirse al Registro Civil y notificar esto, pero nuevamente la irregularidad fue detectada y desde el Ministerio de la Defensa Pública pudieron recoger los elementos probatorios en contra del acusado para poder imputarle cargos penales en su contra.
Luego de la denuncia ante la sede penal, intervino el Ministerio Público Fiscal con la misma velocidad que sus colegas de la Justicia y la Defensa Pública, protegiendo la identidad del niño y con una presentación ante el STJ mediante.
Con las pruebas se realizaron dos imputaciones, la del autodeclarado padre y de la parturienta, aunque con el avance de la causa y las investigaciones se podrán realizar otros señalamientos con respecto a los partícipes y demás cuestiones.
En un comunicado de prensa por este caso, el máximo tribunal provincial destacó “el compromiso con que actuaron los diferentes actores involucrados en el caso”.