El Consejo de Ministros español aprobó un proyecto de Ley -remitido al Poder Judicial- en el que se prevé una reforma en el cobro de las tasas judiciales, cuyo punto fuerte es que el 60% de los montos cobrados será devuelto en tanto las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.
A pesar de los severos ajustes que está llevando a cabo el Estado español en el marco de una de las crisis más grandes de su historia, algunos miembros de la administración de Justicia buscan la forma de generar algunas medidas progresivas de redistribución que, además de financiar al Poder Judicial, generen poco impacto en una población que sufre el mayo índice de desempleo en décadas.
Por eso es que el Consejo de Ministros de ese país resolvió aprobar y girar a las Cortes departamentales un proyecto mediante el cual se aumentan las tasas judiciales pero cuyo punto fuerte reside en otra decisión que fomentará, a la vez, un menor trabajo para los tribunales: el 60% de los montos cobrados podrán ser retribuidos siempre que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.
La medida fue impulsada por el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, quien llevó adelante una serie de medidas tendientes a mejorar el trabajo de los tribunales y, en el mismo sentido, paliar la crisis presupuestaria devenida de la pésima coyuntura económica de la “madre patria”.
Así es que a partir de estos cambios las tasas también serán aplicables a personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de los recursos económicos para abonarlas, a la vez que quienes cuenten con el beneficio de litigar sin gastos quedarán exentos de este gravamen.
A pesar de lo progresivo de la medida y de lo que pareciera implicar, Gallardón afirmó que las estimaciones del Ministerio de Justicia son que a raíz de estas modificaciones la recaudación anual por el cobro de tasas judiciales ascenderá de los 164 millones de euros percibidos el año pasado a más de 300 millones.
En tanto, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó como un “aspecto muy novedoso” el carácter progresivo del proyecto y aseguró que "se busca por tanto fomentar el acuerdo de las partes y la negociación para evitar que termine un pleito dictando sentencia y lograr que haya convenio entre las partes para solventar el problema que ha motivado el proceso".
Asimismo, precisó que estos cobros no se aplicarán al fuero Penal, ni en la primera instancia de lo Social o a funcionarios del Contencioso Administrativo que reacomoden personal. No alcanzará a los pleitos de Familia o a los concursos voluntarios de acreedores.
Por otra parte, Gallardón remarcó que para llevar a cabo esta iniciativa se tuvieron en cuenta las precisiones del Tribunal Constitucional español en este respecto, desde donde se afirmó que “la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste”.