Gabriel Villegas, presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, explicó que “en ningún momento la Comisión actuó en busca de un plan de seguridad, sino haciendo uso de las facultades constitucionales que son otorgadas a los efectos del control entre los tres poderes”.
Es que Villegas afirmó, en respuesta a los reclamos de las distintas organizaciones que denunciaron a Sal Lari, que “estos organismos intentan plantear para su beneficio, que este jury se inscribe dentro del debate entre garantismo y mano dura, algo que es totalmente falso. El juez Sal Lari será juzgado, no por garantista, sino por no cumplir con la Ley, tanto al momento de liberar detenidos como al momento de dejar 7 meses detenida a una persona a la que se le había ordenado liberar”. “Me llama la atención que estos organismos que deben defender los derechos y garantías constitucionales defiendan a un juez que los ha violado”.
Es que la asociación civil liderada por Viviam Perrone fue una de las que se presentó con denuncias ante el jurado de enjuiciamiento conformado por legisladores, magistrados y abogados bonaerenses que este lunes absolvió al juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, de los cargos que se le imputaban por mal desempeño.
“Hemos presentado distintos casos para demostrar el mal desempeño de este Juez de Garantias de San Isidro. Si este lunes no aceptan la presentación de todos los casos, desistiremos de nuestra acusación. Es difícil comprender como Sal Lari no pide él mismo llevar adelante este juicio para poder dar explicaciones a los familiares y poder limpiar su nombre”. Así se manifestaron la semana pasada las “Madres del Dolor”.
Suspendido desde abril del año pasado, Sal Lari estaba acusado por mal desempeño en una gran cantidad de causas que llevó adelante. Pero, sobre todo, en un caso que tuvo gran repercusión. Es que fue el juez ordenó liberar a Jorge González, señalado como uno de los dos hombres que, durante un robo, asesinó a Carla Regis.
Durante el proceso contra el juez, que comenzó en 2009, hubo pronunciamientos en su contra pero también gente, organizaciones y asociaciones que lo apoyaron. Es el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires (LRJP), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC), Abogados por la Justicia Social (AJUS) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), entre otras.
El CELS, en tanto, había aseverado en este sentido que Sal Lari “fue utilizado como chivo expiatorio al que adjudicar las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz".
A pesar de todas las denuncias en contra del magistrado, el jurado de enjuiciamiento solo tomó en consideración la que involucraba al crimen de Regis debido a que, según consignaron fuentes judiciales, "cuando hubiere varios acusadores contra el mismo magistrado o funcionario y se tratare de hechos que guardan relación, deberán obrar bajo una sola representación".
En este sentido, también precisaron que "si el Procurador de la Suprema Corte o la Comisión Bicameral hubieren deducido acusación, serán los representantes legales de todos los demás, (acusadores) si los hubiere".
dju
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