En plena crisis económica, desde esta semana rige en España la nueva Ley de Tasas Judiciales que establece montos de 800 euros para realizar una apelación y de hasta 1.200 para recurrir al Supremo Tribunal de Justicia. Abogados, jueces y ONG de consumidores salieron al cruce
La crisis española obligó a realizar ajustes que han sido fuertemente cuestionados. Todos los órganos estatales redujeron sus gastos a la par de la quita en sus partidas presupuestarias. Y el Poder Judicial no fue una excepción, ya que a partir de esta semana, rige en ese país la nueva Ley de Tasas Judiciales.
¿De qué se trata? De los nuevos e irrisorios montos para recurrir a la Justicia en el país ibérico. Para apelar una sentencia, será necesario pagar un cánon de 800 euros, y para poder llevar a cabo un recurso ante el Suprema Tribunal de Justicia, habrá que invertir 1.200.
La medida fue ampliamente rechazada por los abogados españoles, quienes manifestaron que su labor se verá fuertemente afectada. Porque, además, a estas nuevas tasas se les debe sumar un importe, que también será computado, de entre el 0.25% y el 0.50% del importe total del litigio.
El texto de la normativa afirma que esta medida "aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita".
Al mismo tiempo, la legislación establece que "pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no al derecho a acceder a la justicia".
Con el apoyo del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), el Partido Socialista Español (PSOE) presentó un recurso de inconstitucionalidad. Diversas asociaciones de consumidores presentaron un comunicado en el que aseveran que la Ley busca crear una Justicia “para pobres y otra para ricos”, a la vez que pone de manifiesto que esta normativa vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
"No es admisible incorporar en nuestro Estado de derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa", precisó Carlos Carnicer, presidente de la institución que nuclear a los letrados ibéricos.
El malestar es general, dado que no solo hubo abogados y ONG que se manifestaron en contra. También jueces y empleados judiciales convocaron a manifestarse este viernes ante el Ministerio de Justicia, desde donde se impulsó la iniciativa. El titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón, defendió la medida alegando que regula la situación de las tasas judiciales.