En Santa Fe, el conflicto por la selección de los magistrados sigue vigente. El Colegio de Abogados provincial se posicionó al respecto y desde el Ejecutivo mantuvieron firme su postura ante el sistema que se utiliza en la actualidad.
“Los Magistrados están intentando pintar un panorama de desesperación que no es tal. Lo están haciendo porque están disconformes con los mecanismo de selección de jueces y el proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal”, aseguró en septiembre de este año el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis. Entonces, el conflicto entre jueces y Ejecutivo por la forma en que eran seleccionados recién empezaba.
Pasaron los meses y hoy, con las impugnaciones realizadas a las propuestas del gobierno santafesino en términos de funcionarios judiciales volvió a recrudecer el cruce de opiniones. Lewis afirmó que se mantendrían firmes en su postura, y la magistratura no se desentendió del asunto.
Por este motivo, y como también lo hicieron cuando comenzó el problema, desde el Colegio de Abogados provincial se volvieron a posicionar y pusieron en perspectiva el conflicto, con todo lo que ocurrió durante el tiempo que lleva.
“Hace unos meses y con motivo del rechazo de pliegos de magistrados y funcionarios, la Legislatura provincial nos convocó, junto a otras instituciones estrechamente ligadas al servicio de la justicia, para analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí señalamos y hoy reiteramos, que la cuestión debe ser objeto de un debate amplio partiendo de definir cuál es el “perfil de juez” que queremos y necesitamos para nuestra provincia”, anunciaron los integrantes de la institución que nuclea a los letrados.
Los abogados opinaron que “el actual sistema, pese a su denominación, no constituye un verdadero Consejo de la Magistratura, como órgano plural en el que se diseña la política para la selección de magistrados con la participación efectiva de las entidades representativas de los distintos sectores del quehacer judicial”.
Al mismo tiempo, los letrados entendieron que “hoy tenemos un esquema de concursos en base a reglas dictadas por el Poder Ejecutivo, en el cual la intervención de las entidades queda limitada a aportar jurados con competencia profesional o académica”.
La delimitación con el Ejecutivo en el comunicado es notoria: “Hoy los abogados nos manifiestan su disconformidad con el sistema y ello se refleja en dos cuestiones palmarias: el poco interés en participar de los concursos y la cantidad de impugnaciones que se verifican en cada uno de ellos. No obstante lo señalado y que hasta el momento no hemos sido escuchados en nuestros reclamos, este Colegio realiza un esfuerzo importante aportando los jurados para los referidos procesos de selección”.
Por este motivo, los colegiados sostuvieron que “no es posible que del solo arbitrio del Poder Ejecutivo, haciendo concesiones a uno u otro sector, dependa la integración de los jurados”.
“Así, recientemente tomamos conocimiento de que los magistrados volverán a aportar jurados, a partir de una negociación por la que se otorgan puntos en los concursos por la tarea de formación que se desarrolla en la Escuela de Capacitación Judicial”, explicaron desde la institución.