El fiscal de Estado chubutense, Blas Meza Evans, presentó ante el STJ provincial un plan para “democratizar y transparentar” la Justicia. Meza afirmó que "no requieren una inversión extra de presupuesto" y que pueden ser aplicadas de forma inmediata.
El año pasado la Justicia chubutense fue duramente cuestionada por diversos hechos que tuvieron una gran repercusión mediática. Un juez pidió perdón por el crimen cometido por un hombre liberado bajo su órbita jurisdiccional, sumado a las denuncias en torno a los incentivos para los jueces que finalmente fueron publicados por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, con los recibos de sueldo correspondientes.
Dentro del Máximo Tribunal provincial también se desató la polémica por el uso de viáticos de parte de sus integrantes, con acusaciones cruzadas entre los magistrados que forman parte de las distintas salas.
En medio de todos estos problemas que se suscitaron durante todo 2012, el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, llevó una propuesta al STJ en la que se contempla un plan de cuatro medidas que buscan “democratizar y transparentar” la Justicia chubutense. En esos términos, el funcionario afirmó que su idea no requiere una inversión presupuestaria extra y que además son de fácil aplicación.
En este orden, el fiscal consideró importante aclarar que no se trata de un proyecto para reformar el funcionamiento del Poder Judicial de la provincia, sino de una serie de ideas que permitan terminar con ciertos vicios de procedimientos y demás cuestiones inherentes a la Justicia.
Meza Evans destacó que la intervención popular es de suma importancia no solo a la hora de designar a los altos puestos del Poder Judicial, sino en otras instancias que también pueden contar con la participación de la sociedad civil.
“Se hace imperativo abandonar la justicia de gabinete e instalar salas de audiencias en toda la provincia, de acceso sencillo a los ciudadanos de a pie, como proclama la ‘Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Provincia de Chubut ante la Justicia’ (Ley Provincial V–N° 108), donde se ventilen públicamente los asuntos que interesan a la comunidad y a los ciudadanos en particular. Sólo emprendiendo este camino podremos decir, con León Felipe, que ‘lo importante no es llegar ni solos ni pronto, sino con todos y a tiempo’”, explica el fiscal en su presentación.
Meza Evans propone, además del juicio por jurados y una junta de gobierno judicial, la “autolimitación del Poder Ejecutivo Provincial para la elección de candidatos a las magistraturas de elección política del Poder Judicial”.
También asevera que una confirmación trianual de los jueces del STJ serviría en este sentido: “El sistema ha funcionado más que bien en la generalidad de los casos y los funcionarios y magistrados judiciales cuya estabilidad pende de esta evaluación no han manifestado jamás que ello importe mengua para su independencia. De hecho sólo soy capaz de recordar un caso de evaluación insatisfactoria que terminó con la destitución del evaluado”.