La Corte Suprema de Estados Unidos condenó a una mujer a pagar 220.000 dólares por descargar música de forma ilegal a través del programa Kazaa al basarse en sentencias de casos anteriores. En una instancia anterior le habían impuesto un resarcimiento de US$ 1.920.000.
En Estados Unidos, el tratamiento de cuestiones relacionadas con Internet en la Justicia sentó precedentes insólitos y que representan récords en la materia: 24.583 personas denunciadas por bajar una película que aún no se había estrenado, localización a través de su IP (un código que identifica la conexión a la web) de 7.000 personas que habían hecho una operación similar, entre otros.
Pero las descargas de música ilegal también dejaron su huella jurisprudencial. En agosto del año pasado, un tribunal estadounidense condenó a un hombre a pagar 675.000 dólares por piratear el insulso número de 31 canciones. La acción en contra del demandado fue llevada a cabo por las principales compañías discográficas, que de esta forma trataron de imponer un manto de amenaza para los usuarios del ciberespacio.
Una vez más, la Justicia se pronunció a favor de las grandes corporaciones que manejan el mercado de la música, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una mujer, quien está obligada a pagar 220.000 dólares por haber utilizado, en 2007, el programa Kazaa para bajar canciones de forma ilegal.
En un fallo que fue brindado sin fundamentos, los integrantes del Máximo Tribunal estadounidense confirmaron la condena que recibió en 2012 Jammie Thomas-Rasset, quien había atravesado varias instancias previas a esa.
En 2007 fue declarada culpable por primera vez y tuvo la posibilidad de llegar a un arreglo con las compañías discográficas que llevaron a cabo la acción en su contra. Pero no quiso llevarlo a cabo y recibió una primera condena por la cifra actual, que son 220.000 dólares. Más tarde fue absuelta porque un juez consideró que la cifra era “totalmente desproporcionada” e “inabarcable”.
En 2009 recibió otra condena, esta vez, por 1.920.000 dólares, y las beneficiarias eran las compañías Capitol Records, Sony BMG Music, Arista Records, Interscope Records, Warner Bros Records y UMG Recordings. En total fueron 24 canciones que se le imputaron haber bajado de forma ilegal.
Finalmente, en noviembre de 2010, tras recibir una sentencia más en su contra donde se morigeraba el monto y pasaba a la módica suma de 1.500.000 dólares, un tribunal decidió retrotraer la multa a su valor inicial de 220.000 dólares.
Ya son miles los casos en los que la industria discográfica decidió ir tras los usuarios de Internet y promover demandas en las que se llegó a arreglos en los que los accionados debían pagar entre 3.000 y 5.000 dólares. Jammie se negó y enfrentó el proceso que, después de muchos años, terminó a favor de las corporaciones.