Con el aval de la Cámara Alta que trató la cuestión la semana pasada, este jueves, los diputados bonaerenses aprobaron la normativa que modifica el artículo 171 de la Ley 11.922, limitando de esta forma las excarcelaciones bajo diferentes preceptos. La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo y presentada por legisladores oficialistas.
La nueva legislación precisa que el artículo quedará redactado de la siguiente manera: “En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. Así quedó consignado hace más de una semana en el Senado provincial, y así se aprobó en Diputados.
Pero al mismo tiempo, la modificación incluye otra excepción para negar el beneficio: “Tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.
El gobernador Daniel Scioli había aseverado en relación a estos cambios propuestos desde el Ejecutivo provincial que “buscamos actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”.
Si bien la iniciativa no fue votada de forma unánime, los diputados del oficialismo la aceptaron en bloque y desde la oposición hubo mucho apoyo.
La medida, según afirmaron desde la gobernación provincial, busca superar las observaciones de los fallos provisorios (por las presentaciones que se hicieron criticando a este proyecto), a la vez que se ampliaron las facultades de los jueces intervinientes, dado que si bien la legislación precisa que los supuestos de excepción son la portación de armas de fuego y la falta de aceptación del proceso, serán los magistrados quienes determinen si existen particularidades en el caso.
Quienes se mostraron sumamente críticos de cara a la propuesta del Ejecutivo fueron los integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Diputado Nacional Marcelo Saín, el defensor de menores Julián Axat y la defensora pública de Lomas de Zamora, Fernanda Maestrin.
Todos ellos afirmaron en un comunicado conjunto que “el proyecto que modifica el Código Procesal Penal provincial tiene problemas constitucionales y de política criminal. La iniciativa continúa señalando que los jueces pueden fundar el dictado de la prisión preventiva cuando en la detención haya existido portación de arma y resistencia a la autoridad o a un procedimiento público”.
dju
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