“Entre gallos y medianoche”. Así afirmó el senador José Cano (UCR) que el oficialismo pretende llevar a cabo la aprobación de la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación. La declaración surgió sobre la inminente convocatoria de la Comisión Bicameral que está llevando a cabo el debate en torno a esta iniciativa.
Por las diferencias surgidas recientemente entre el bloque oficialista y los opositores, la pretensión de los miembros del Frente para la Victoria de aprobar el proyecto antes de fin de año, tal como lo señaló a Diario Judicial la presidente del órgano compuesto por diputados y senadores, Diana Conti (FpV) en julio de este año.
En este caso, Cano aseguró que el oficialismo “frizó el tema hace un año” sin brindar una explicación de por qué se dejó de discutir cuando se había avanzado en el tratamiento de la propuesta.
El integrante de la Cámara Alta también expresó que “el Código que se aprobará seguramente estará vigente las próximas cuatro o cinco décadas y es por ello que su tratamiento y aprobación no pueden darse por la imposición de una mayoría circunstancial. Debe necesariamente haber consenso”, y llamó a que los miembros de la bancada oficialista tengan en consideración la forma en que votó la gente en las últimas elecciones legislativas a la hora de llevar a cabo decisiones.
La diputada Graciela Giannettasio (FpV) aseguró a Diario Judicial que, de cara al próximo encuentro de la Comisión Bicameral, órgano que integra, el oficialismo buscará terminar de elaborar su dictamen para, posteriormente, ponerlo en perspectiva con el de los otros legisladores.
“Ya hemos revisado punto por punto los temas codificados y las cuestiones que se integrarán, ahora solo resta discutir algunas precisiones finales pero la idea es presentar cuanto antes nuestro dictamen para poder saldar las diferencias con los miembros de otros bloques”, señaló la integrante de la Cámara Baja.
La legisladora también aseguró que la intención es aprobar el proyecto antes de fin de año: “Sería bueno poder consensuar una propuesta final con todos los bloques para que el nuevo código unificado pueda ser utilizado en 2014”.
Fueron muchos los temas que resultaron difíciles de discutir y sobre los que se presentaron muchas objeciones. Entre ellos, los representantes de los pueblos originarios cuestionaron el lugar que se les concedía en el anteproyecto elaborado desde el Poder Ejecutivo.
En este orden de ideas, la representante del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas ante la Comisión Bicameral, Micaela Gomiz, puso de manifiesto que “este proyecto es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación. Hoy, la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos”.
El juez comercial Héctor Chomer afirmó a Diario Judicial, en otro punto álgido de la discusión, que “no se entiende por qué se deroga la sociedad irregular de hecho, un sistema que funcionaba aceitadamente. Si se piensa que derogando el capítulo correspondiente a este tema van a desaparecer las sociedades de hecho es un error, y también está mal que caigan en el inverso. Lo que servía era la excelente reformulación que hizo Echeverry permitiendo la reconversión de la sociedad de hecho”.
dju
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