No hay caso

La reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la nación tuvo un amplio Orden del Día que fue resuelto de forma rápida para que muchos de los expedientes pasen a tratarse al plenario que se realizó después del primer encuentro. Pero, aún así, algunos temas que siguen generando discusiones tuvieron que ser leídos detenidamente.

 

Ese fue el caso de la recusación presentada por el integrante de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Diego Sánchez, quien se manifestó en contra del consejero e integrante de la Comisión, Mario Fera, por el dictamen que llevó a cabo en contra del magistrado por el conflicto que mantiene en vilo al órgano judicial desde fines de 2011.

 

En este sentido, el magistrado afirmó que el trabajo llevado a cabo por Fera incurría en prejuzgamiento. En el trabajo elaborado por el consejero, que circuló en los últimos días por el organismo, se proponía el juicio político para el magistrado y la desestimación de las denuncias llevadas a cabo contra sus pares Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri, actual presidenta de la Cámara Civil.

 

Pero en la lectura de los informes previa al tratamiento de los expedientes que debían ser considerados en la reunión, por Secretaría se aclaró, en orden a la decisión de los pares de Fera, que el miembro de la Comisión tenía toda la potestad para llevar a cabo esta presentación y que se encontraba dentro de sus facultades normales, por lo que no se podía aceptar el reclamo del juez.

 

De esta forma, Sánchez vuelve a recibir una negativa en una discusión en la que ha recibido numerosas negativas y que lo han llevado a atravesar problemas de relación con sus pares, al punto que señaló que la convivencia se tornó insostenible.

 

En 2011, cuando el conflicto se hizo visible, Sánchez declaró a Diario Judicial que “las diferencias profesionales son las que resultan de los (des) acuerdos y de los votos. Hay ejemplos de autocontradicciones en las que incurren permanentemente; disidencias casi diarias en materia de intereses y honorarios, con sus antecedentes y cambios; también se individualizan muchísimas sentencias que se dictaron contra la ley y mi opinión fundada y, algunas incluso, en expedientes en los que había votado antes, en días que debí tomar licencia pero inmediatos a los que estuve en la Sala”.

 

Sin embargo, ya en 2010, Barbieri había señalado que “si la preocupación del Dr. Sánchez es hacer oir su voz en todas las resoluciones y sentencias que se dicta, que por cierto son más que numerosos, la mejor manera de hacerlo es tal vez haciendo menos uso de las licencias a las que alude en su voto aunque reglamentariamente le corresponden, pero mal puede pretender que se paralice el trabajo diario de esta Sala en su ausencia”.

 

Pero algunas de las primeras acusaciones de Sánchez apuntaron contra su otra colega: “Los integrantes de la mayoría del pleno–no todos- son más amigos de Brilla de Serrat que de la verdad”, sentenció, y agregó que “la Sala era un ejemplo de orden, de eficiencia, de calidad hasta que ingresó la jueza Brilla de Serrat”.

 

Uno de los cruces más importantes fue en torno a la causa  “López Traynor”. Al respecto, Sánchez declaró que “se dictaron sentencias sin mi participación”, y volvió a arremeter contra sus colegas al decir que sus votos se caracterizaban por “estar desprovistos de todo apoyo legal”.