Alsogaray fue indagada por Tiscornia en una causa iniciada a partir de una denuncia de la DGI por presunta adulteración de sellos bancarios, pero tras negar toda vinculación con el hecho responsabilizó por el mismo a su ex contador Alberto Furlone, a quien, con anterioridad le había iniciado una causa penal.
Los sellos que se presume falsos fueron consignados en sus declaraciones de bienes personales, ganancias e impuesto al valor agregado IVA, de los años 1991 y 1992.
Al tomar conocimiento de la demanda de la DGI, la funcionaria inició una querella criminal contra Furlone por presuntas maniobras delictivas en el manejo de las finanzas de la Secretaría.
La denuncia contra Furlone quedó radicada ante el juez federal Jorge Urso quien lo procesó sin prisión preventiva por defraudación contra la administración pública y le embargo los bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
Con la intención de subsanar los inconvenientes que le había creado la situación y ante la denuncia de la DGI, Alsogaray pago las sumas adeudadas al fisco, las que según resaltó en esa oportunidad habían sido remitidas a Furlone para que abonara los respectivos tributos.
Por su parte , durante 1994 los letrados de Maria Julia, Pablo Argibay Molina y José María Figuerero, solicitaron la separación del organismo tributario como parte querellante al haber satisfecho las sumas reclamadas, pedido que tuvo aceptación por parte de Tiscornia .