Kiper se sumó además a las críticas respecto de la suspensión del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, al destacar el trasfondo político de esa decisión por parte del Plenario del Consejo de la Magistratura, y se autocalificó como "un espectador" de la disputa entre los representantes de las principales fuerzas políticas representadas en el cuerpo.
Dijo que no hay que hacer ningún traspaso de la justicia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires: "La Constitución dice que el gobierno de la ciudad va a tener su propia jurisdicción. Van a tener alguna función jurisdiccional algunos tribunales, pero no dice que deban ser los que componen la justicia ordinaria de la Capital Federal".
Afirmó que "la mediación descomprime a la justicia, y le permite al juez dedicarse a asuntos más importantes". "Siempre es mejor la solución mediante un acuerdo a la que va a dictar un juez". Por otra parte aseguró que "el Presupuesto de la Justicia en general es muy bajo", y que "según la ley de autarquía debería ser el 3 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios del Estado, pero en realidad no llega al 1 por ciento".
Diario Judicial: ¿Está de acuerdo con el traspaso de la Justicia a la Capital?
Claudio Kiper: No. No hay que hacer ningún traspaso de la justicia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La Constitución dice que el gobierno de la ciudad va a tener su propia jurisdicción. Va a tener alguna función jurisdiccional, algunos tribunales, pero no dice que deban ser los que componen la justicia ordinaria de la Capital Federal. Yo pienso como lo dice una ley del Congreso que la justicia de la ciudad de Buenos Aires debe comprender las cuestiones contravencionales, las de faltas, y las de derecho público local, nada más que eso. A la justicia hay que dejarla como está, porque este tema del traspaso es muy riesgoso para el ciudadano, que deberá pagar más impuestos, y no le va a dar ningún beneficio, sólo más gastos y más complicaciones. Por otra parte, así está ocurriendo actualmente, y no observo dificultades o necesidades que justifiquen un cambio.
Dju: ¿Cuál es la competencia de los jueces civiles que contrastaría con el status del juez local?
CK: La Justicia Civil se ocupa de problemas entre particulares: de contratos, sucesiones, accidentes de tránsito (todo lo que comprenda la responsabilidad civil) y también los asuntos de mala praxis, medianería, etc. La Justicia del Gobierno de la Ciudad debería dedicarse a las cuestiones contravencionales y bien podría tener tribunales nuevos que atiendan asuntos de menor cuantía para la gente muy pobre y que no tiene posibilidad de contratar a un abogado. No son incompatibles una y otra.
Dju: Dentro de la competencia de los jueces civiles ¿cuál es la clase de juicios que más le llegan?
CK: Lo que más llega son accidentes de tránsito. Argentina tiene una tasa de accidente muy alta, cuatro veces superior a la de Francia. Esto se ve en nuestro trabajo. Por otra parte, hay una cultura del litigio, porque si las compañías de seguros inmediatamente pagaran el costo, no tendríamos tantos pleitos. El resto se distribuye en juicios de desalojo, ejecuciones de hipoteca, problemas de familia, daños y prejuicios.
Dju: Con respecto al tema de las indemnizaciones ¿cuánto vale la vida para un juez civil?
CK: En realidad la vida no se mide en dinero. Tiene valor el perjuicio derivado de la muerte de una persona. Lo que dice el Código Civil es que hay que valorar el perjuicio patrimonial que sufre la víctima o, en caso de muerte, los familiares de la víctima. Hay que evaluar según la edad de la persona, la expectativa de vida, el trabajo que tenía, la ayuda que podía prestar a los familiares, ¿cuál es esa cifra? Hay que pensar en una cifra que con el tiempo devenga rédito. Por otro lado se indemniza también lo que se llama daño moral. Esto queda a criterio de cada juez porque no hay forma de medirlo. Por una vida, una indemnización por daño moral puede oscilar entre los cincuenta y los doscientos mil pesos.
Dju: ¿Es cierto que existen jueces alcistas y jueces bajistas?
CK: No creo. Hay que ver en cada caso la situación. No se puede decir en términos generales una vida de un menor vale tanto y de un adulto vale tanto. Hay que ver los expedientes, las pruebas que traen , lo que impide, entonces, catalogar a un juez en un grupo o en otro.
Dju: ¿Qué piensa sobre los topes indemnizatorios?
CK: No soy partidario de los topes, prefiero que los jueces tengan libertad para indemnizar. Con lo topes se corre el peligro de que se cometan injusticias. Hay una ley vigente, la 24441, que establece el tope al valor de la cosa. Quiere decir que si la cosa vale 5 pesos el tope indemnizatorio no puede superar los 5 pesos. Esto es absurdo.
Dju: ¿Hay muchas demandas por el tema de la defensa al consumidor?
CK: No, por ahora son pocas.
Dju: ¿Cuál es la competencia de los jueces civiles respecto de esta ley?
CK: Está controvertida. Algunos sostienen que la competencia es del fuero comercial y otros del fuero civil. Pero poco a poco se va afianzando la competencia del fuero civil. Supongo que con el tiempo las demandas van a ser muy numerosas, porque los ciudadanos quieren una mejor calidad de vida. Se ve todos los días que hay muchos problemas para los consumidores, pero también es muy difícil acceder a la justicia, porque en las cuestiones de poco monto, es mucho más caro el litigio que lo que se puede obtener de resarcimiento.
Hay que buscar un sistema para atender pequeños asuntos que sea muy ágil y de bajo costo.
Dju: ¿A usted le interesa que continúe la mediación?
CK: Creo que la mediación es una muy buena idea. La solución nace de las propias partes. Siempre es mejor la solución mediante un acuerdo que la que va a dictar un juez, así la gente se siente partícipe. Ocurre que es un problema cultural. Los abogados salen de la facultad preparados para enfrentar, litigar, no para conciliar o llegar a una solución negociada. La mediación descomprime a la justicia y le permite al juez dedicarse a asuntos más importantes.
Dju: ¿Qué piensa usted del presupuesto de la Justicia?
CK: El presupuesto de la justicia en general es muy bajo. Según la ley de autarquía debería ser el 3 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios del Estado. En la realidad no llega a ser el 1 por ciento. No se ha avanzado mucho, el Estado crece y la justicia no. Mientras se habla de achicar a los otros dos, el Poder Judicial debería crecer, y el presupuesto es muy insignificante. Nosotros tenemos juzgados que están organizados desde hace 100 años y sigue todo igual. Se pueden ver las tediosas colas de espera para acceder al ascensor. No se puede dar un servicio eficiente si no hay un presupuesto mínimo. En cuanto a la división entre la Corte y los demás tribunales. Lo mejor sería cambiar el sistema y descentralizar. Cada fuero, el civil, el comercial, los federales con asiento en las provincias, y todos los demás, deberían tener su propia partida de presupuesto y administrarlo. De esta manera con poca plata se podrían hacer más cosas de las que se están haciendo.
Las provincias también dependen del presupuesto federal. Todo se maneja desde Buenos Aires. Por eso hay que gastar en pasajes, viáticos, hay que hacer inspecciones, trámites que van y vuelven. Me parece que descentralizando se lograría mayor eficiencia.
Dju: ¿Por qué se lo suspendió al juez Bustos Fierro en el Consejo de la Magistratura?
CK: Al doctor Bustos Fierro se lo acusa de haber dictado una sentencia para favorecer a un sector político. Lo cierto es que cuando examinamos este caso en el Consejo de la Magistratura, no hubo ninguna prueba que demostrara esto. Fui yo quien advirtió que lo que se estaba haciendo era tomar una decisión política. Quienes tenían un rol político determinado se inclinaban por una solución y los que tenían una representación distinta por una solución contraria. Creo que esto es muy peligroso, porque en definitiva se lo acusa a un juez por lo que decidió en su sentencia, y esto no es posible porque los jueces son independientes. Tienen que tener la libertad de decidir aquello que les dicte su conciencia (la que no puede ser juzgada por ningún tribunal), aún cuando se equivoquen o sus sentencias sean opinables, porque para eso hay remedio, se puede apelar, se puede ir a otras instancias. Pero no se puede destituir a los jueces por lo que afirmen en una sentencia, aún cuando ésta sea equivocada.
Dju: ¿Que opina de los fundamentos que utilizó la Presidencia de la Comisión de Acusación?
CK: Fue una opinión política, porque el Dr. Melchor Cruchaga sostuvo que 133 diputados ya habían pedido el juicio político. Entonces ya había adelantado su opinión desde su lugar de diputado, y nadie puede transformarse cuando entra al Consejo de la Magistratura, y dejar de ser lo que es para convertirse en otra persona. En su momento había leído en los periódicos que el actual vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, había convocado a los miembros del Consejo de la Magistratura de la Alianza para darles instrucciones a seguir en este caso.
Está claro que votaron en favor de la suspensión de Bustos Fierro, los que representaban a la Alianza y al duhaldismo. Y en contra los que representaban al menemismo. Con lo cual, como juez y espectador de toda esta situación señalé que se trataba de una cuestión netamente política. No se puede hacer política dentro del Poder Judicial.
Es un principio consagrado universalmente que no se puede sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Además, los constitucionalistas enseñan que el "mal desempeño" no se puede medir por un solo hecho, como se hizo en este caso.
Considero que la decisión que tomó la mayoría es desacertada y, por el bien de las instituciones, espero que en el futuro el Consejo de la Magistratura corrija el rumbo. Sólo así podremos tener un Poder Judicial independiente.